“Vine a buscar alguna explicación a esto”, dijo ayer a nuestro diario, refiriéndose a que en el 2010 Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) firmó un “contrato de mandato” con la cooperativa, para que esta a su vez suscriba, en 2011, un acuerdo financiero y técnico con “R&M”. Sin embargo, luego, las sucesivas administraciones de Fepasa y los sucesivos gobiernos se encargaron de ignorar esos convenios y restarles validez. “Cómo es que los documentos y las firmas son auténticas, fueron actos públicos, y ahora tanto Fepasa como el Gobierno solo responden con el silencio a la cooperativa”, sostuvo.
Mildenburg, quien regresa hoy a su país, expresó que se adelantó a venir a hablar con el presidente de la cooperativa, el Abog. Carlos L. Jara, porque el grupo europeo que se comprometió en este emprendimiento enviará ejecutivos en dos o tres meses para intentar hablar con las autoridades que pueden dar una respuesta sobre lo que pasa con el acuerdo.
“Están los acuerdos, el proyecto y el interés de invertir (de “R&M”), alguna explicación debe haber”, señaló Mildenburg, antes de visitar ayer la antigua estación de Luque, que está a punto de derrumbarse.
“Una catástrofe”
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Para el europeo, lo que pasa en Luque, con un patrimonio histórico y cultural, “es una catástrofe” que pudo haber sido evitado si se ponía en marcha el plan de recuperación de la línea ferroviaria de los López, como se acordó en 2010, según dijo a nuestra corresponsal.
Jara, por su parte, indicó que la vez anterior que Mildenburg vino a Asunción, hace dos años, se reunió con el titular de Fepasa, Ing. Roberto Salinas, a quien entregaron, incluso, un plan alternativo (Encarnación- Paraguarí-Villeta), para dejar libre el camino a la idea del ferrocarril de instalar un tren liviano entre Asunción e Ypacaraí. Aquella vez, Salinas prometió enviar a Europa su respuesta y algunos datos de otros proyectos, pero ni eso cumplió, lo que deja una imagen de poca seriedad del país, dijo Jara.
Se calcula que rehacer el trayecto Asunción-Encarnación puede costar alrededor de US$ 800 millones.
Salinas, las veces que fue consultado sobre este tema por nuestro diario, argumentó que para ellos el “contrato de mandato” del 2010 no tiene valor legal suficiente.
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