Explicaron que los organismos y entidades del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán desarrollar planes a través de “contratos de participación público-privada”. En ese contexto, las administraciones contratantes podrán unirse para desarrollar proyectos de participación público-privada en conjunto, en cuyo caso celebrarán los correspondientes convenios, contratos o acuerdos con tal fin.

De acuerdo al proyecto de ley, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la entidad pública competente para el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura en el ámbito de los transportes y las comunicaciones.

Además tiene previstos la supervisión y el control del Estado, que tiene competencia y facultades de planeamiento, control, sanción, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos objeto de la presente ley, y que el Estado “garantizará el bien común” y el interés público en el ejercicio de estas funciones.

Según el proyecto, será de conocimiento público la información relativa a los contratos objeto de la ley, incluidos los actos que impliquen compromisos fiscales para el Estado y tengan efectos sobre los usuarios, y deberá responder a la materialización del bien común y al interés público.