En julio del año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, el ahora peñista Raúl Latorre de manera discrecional le dio un salario de G. 8.000.000 en la Cámara Baja a una presunta operadora suya que estaba en Senepa, Daysi María Ramírez Ortiz, para apenas días después, volver a comisionarla a su institución original, pero ya con un jugoso salario. De ganar G. 4.849.600, la mujer pasó a al menos percibir G. 10.400.000 al mes (sumando sus beneficios en Senepa).
Hay registro de que Latorre y Ramírez trabajaban políticamente al menos desde 2020, según fotografías publicadas en Facebook, pero no fue hasta julio del año pasado que Latorre, aprovechando su condición de Presidente de la Cámara de Diputados la nombró con un salario mucho mayor.
Hasta el año pasado, Daysi Ramírez era contratada de Senepa, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y cobraba al mes G. 4.849.600 hasta que en julio de 2025, Latorre la nombró con categoría de “Técnico”, asignada a la oficina de “Gabinete”, dependiente de él.
Con dicho cambio, Ramírez pasó a cobrar G. 8.000.000 al mes en Diputados sin registros de que haya accedido al cargo por concurso y de hecho, con claros indicios de que se la ubicó solo para cobrar más, ya que inmediatamente ese mismo mes, volvió a Senepa como comisionada.
Según consta en la nómina oficial de Diputados, se “dispone el traslado temporal por resolución N° 3169 de fecha 14/07/2025″, es decir, menos de un mes después de su nombramiento que fue el 23 de junio de 2025.
El hecho de que haya estado solo 21 días en Diputados, que es la institución que ahora le paga su nada despreciable salario, evidencia que el nombramiento no fue por una necesidad institucional.
De hecho, está en controversia su formación académica, ya que tanto en las planillas de Diputados como en las de Senepa se consigna que es “bachiller”, aunque en su declaración jurada afirma ser egresada de la carrera de “Ciencias Políticas”.
Sin embargo, el comisionamiento volvió a representar un “aumento” en lo ingresos de Daysi Ramírez, ya que ahora además de su salario en Diputados, se le sumaron beneficios en Senepa por G. 2.400.000 al mes en concepto de “bonificación por trabajos insalubres” y otros.
Con esto, actualmente, la “mimada” de Latorre cobra unos G. 10.400.000 al mes como jefa de la Zona Capital de Senepa. En las pasadas elecciones municipales, la funcionaria se mostró activamente apoyando la candidatura de Camilo Pérez para la intendencia de Asunción y los contenidos relacionados al presidente de Diputados, Raúl Latorre.
Casi como un acto de ironía extrema, es una de las responsables del programa “Esyryry ñati’u” (Hace correr al mosquito) cuando en realidad hay todos los indicios de que su nombramiento fue solo para succionar fondos del Estado.
¿Qué dice la Ley de la Función Pública?
Para el momento en que se produjo este nombramiento ya estaba vigente la nueva Ley de la Función Pública y el servicio civil, promulgada en enero del año pasado y que prohíbe el acceso a cargos sin concurso e incluso lo castiga.
Si bien se establece en la ley vigente que el “Poder Judicial, el Poder Legislativo y cada órgano constitucional autónomo será autoridad de aplicación en materia de función pública y, por ende, encargado de reglamentar y aplicar esta ley en las relaciones laborales que no tengan un régimen especial, en los términos del párrafo anterior”, el cargo de “técnico” para el que fue nombrada Daysi Ramirez no figura entre los “cargos de confianza”, como sería el de un asesor, por ejemplo.
A esto hay que sumarle que el artículo 14 establece como único mecanismo de ingreso a un cargo el concurso y agrega que “el acto jurídico por el que se disponga el ingreso de servidores públicos a la función pública, en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento o la contratación respectiva”.
De hecho, la ley no solo lo prohíbe, sino que lo castiga catalogándolo como “mal desempeño en sus funciones”, lo que en el caso de un legislador, podría ser causal de pérdida de investidura.
La ley vigente señala que “los funcionarios públicos que ocupen puestos de conducción política que nombren asesores en incumplimiento de esta disposición, así como también quien hubiera influenciado o gestionado de cualquier forma el nombramiento, incurrirán en mal desempeño de funciones, sin perjuicio de sus responsabilidades penales y civiles. La persona que se hubiera beneficiado del puesto obtenido irregularmente quedará inhabilitada por cinco años para ocupar cargos públicos, cualquiera sea su naturaleza, grado o nivel, salvo los cargos de elección popular”.
Latorre ya había estado en el foco de la tormenta al inicio de su primer periodo como presidente de la Cámara Baja a raíz del caso de los “Nepobabies”, es decir, la designación de familiares de sus colegas en cargos en Diputados.