En 2011 la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría de la República emitió tres informes de hechos punibles contra el patrimonio de Essap relacionados con la ejecución de un mismo contrato firmado con la firma M&T, representada por Julio Mendoza Yampei.
El contrato era de G. 1.500 millones y M&T debía construir una planta de tratamiento de agua potable en Mariano Roque Alonso.
Ninguno de los tres reportes fue objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Al menos nunca se supo si el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien asumió en reemplazo de Rubén Candia Amarilla en noviembre del 2011 dispuso abrir alguna investigación.
Hasta ahora, la citada empresa sigue siendo beneficiada con millonarios contratos en Essap, lo que significa que ni siquiera la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), responsable de fiscalizar las compras del Estado, tomó en cuenta el informe de Contraloría.
El reporte indica que el 1 de noviembre de 2006, la Essap, presidida entonces por Marcial Manuel López Cano, contrató en forma directa por G. 1.532 millones a M&T SA y Asociados para la construcción, provisión de materiales, equipos y montaje de una planta compacta de 200 metros cúbicos hora (m³/h) en dos módulos de 100 m³/h para el tratamiento de agua potable. El plazo de ejecución era de sesenta (60) días a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
La obra concluyó fuera de los plazos establecidos y por encima del monto adjudicado.
Existe un cuarto reporte de hecho punible de unos G. 350 millones. Guarda relación con un contrato firmado en junio de 2009 entre Emiliano Insfrán, en esa época titular de la aguatera, y Luis Pavón Doldán, para la construcción de otra planta en Concepción.
Independientemente a la inacción de la Fiscalía, estos cuatro informes fueron los únicos emitidos por la Contraloría, pese a la serie denuncias presentadas sobre otros casos, por ejemplo, las pésimas e inconclusas obras de alcantarillado sanitario en la cuenca de la Universidad Católica que costaron G. 11.500 millones. Estuvieron a cargo de Constructora Asunción, de Enrique Díaz Benza; Caraguatay, representada por Felipe Caballero, y Taller Industrial del Este, por Germán Fatecha.