“Si metemos una imputación ahora y después veo que me están faltando documentos, tengo que estar ampliando. Yo lo que quiero es tener todos los documentos antes de decidir una eventual imputación. Primero quiero cerrar el círculo”, afirmó el fiscal.
En el marco de la investigación, la Fiscalía pudo verificar que las enormes excavaciones en el predio del aeropuerto fueron promovidas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), supuestamente para desviar el arroyo Itay y alejar el cauce de la pista de aterrizaje, aunque salta a la vista que el mayor apuro fue contar con tierra prácticamente gratis para el relleno de la futura autopista Ñu Guasu.
Además, documentos que obran en Fiscalía indican que en la propia Secretaría del Ambiente (Seam) surgió la idea de que Dinac apele al artículo 9 de la Ley 294/93, alegando “defensa nacional”, para evadir la evaluación de impacto ambiental y poder, de esta manera, proceder a excavar los enormes fosos sin siquiera contar con medidas de mitigación.
Defensa nacional
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“Tenemos que identificar a qué se refiere la famosa obra de defensa nacional. La lógica te dice que si es defensa nacional, estamos en peligro inminente de guerra, más o menos (y que la obra) eventualmente podría servir para construir trincheras, instalar radares, etc., pero ahora estamos en tiempo de paz. Pero eso es la lógica. Por eso, me tiene que definir la ministra de Defensa”, indicó Rojas.
Cuando se le insistió si no es suficiente para una imputación el hecho de contar con indicios de que en la misma Seam surgió la idea de evadir la evaluación de impacto ambiental, respondió: “Sospechas e indicios hay. Cada vez que viene alguien a declarar aporta un nuevo dato y eso debemos corroborar con documentos”.
Precisamente, un nuevo documento que se suma al expediente es el enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata del decreto N° 8422/12 por medio del cual se desafecta el terreno del aeropuerto y pasa a ser propiedad de la Fuerza Armada. Con ese artículo, Dinac llegó a la descabellada conclusión de que las obras eran cuestión de “defensa nacional”.
Según dijo el fiscal, en el decreto no se detalla la ubicación exacta del terreno del aeropuerto, sino que “solo mencionan coordenadas, latitudes y longitudes. Es un predio de 73 hectáreas. Pero los linderos no me están cerrando”. Por eso, se está enviando un nuevo oficio al Ministerio de Defensa para que proporcione datos al respecto.
“Hicimos un pedido a la ministra de Defensa para que nos haga llegar copia del título del aeropuerto, pero ella nos había respondido que no tiene título y eso otra vez nos deja en la nebulosa, porque el decreto está firme, está vigente y es ya de febrero de 2012. Por medio del decreto se le autoriza al Ministerio de Defensa a suscribir la escritura de dominio. Pero, por otro lado, el Ministerio no tiene el título”, señaló.
Mensura judicial
Preguntado qué implicancia tiene la mensura judicial promovida por la municipalidad de Mariano Roque Alonso, ya que la Comuna sostiene que la zona de obras es en realidad terreno municipal, el fiscal respondió que “ellos dicen que es su propiedad. Aparentemente, el inmueble desafectado que pasó a propiedad del Ministerio de Defensa es del municipio de Luque. El límite entre ambas ciudades sería el arroyo Itay y el lugar (de obras) sería propiedad de Mariano Roque Alonso”.
De confirmarse eso, también habría falseamiento de datos, reconoció el agente. Pero pese a tener todos estos documentos y pruebas, no habrá imputaciones en el caso, al menos hasta el regreso del fiscal de sus vacaciones, el próximo 23 de mayo.