El Ministerio Público admitió la denuncia de los sindicalistas de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de seguro de vehículos por parte de la actual administración, encabezada por el político colorado Rogelio Benítez.
La agente fiscal Silvia Cabrera fue designada para investigar el caso, que guarda relación con una supuesta sobrefacturación de poco más de G. 5.565 millones en la contratación, por 12 meses, de servicio de seguro para bienes de la compañía.
Según Sinattel, la administración de Copaco, otorgó contratos en una subasta a la baja electrónica a las firmas Aseguradora Paraguaya SA, Aseguradora Yacyretá SA, Rumbos SA y La Consolidada SA, sin que se estudie la depreciación de los activos, inversiones en terrenos y edificios y/o vehículos.
El sindicato presentó como prueba copias de anteriores contratos, adjudicados en 2010 y 2012, por 24 meses, casi por el mismo monto del otorgado por la administración de Benítez.
Cuando se presentó la denuncia, el titular de Copaco justificó el monto diciendo que incluía los bienes y los nuevos vehículos, cuyas pólizas habían vencido.