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Fisco profundizará implementación de la matriz salarial en PGN 2019

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

Las instituciones públicas no deberán incluir incrementos salariales, pero a cambio se profundizará la implementación de la matriz salarial, según el decreto del Poder Ejecutivo que establece los lineamientos generales para la elaboración de los anteproyectos de presupuestos institucionales para el ejercicio 2019.

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El Decreto N° 8837/18 establece los lineamientos generales para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales que serán la base para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019.

En la normativa, cuyos principales puntos los dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda, se destacan criterios para salarios, la matriz salarial, el límite al gasto corriente y la austeridad en materia de consumo de servicios públicos.

En lo que respecta a salarios, como cada año se establece que no se podrá incluir en los anteproyectos aumentos para funcionarios.

La suba salarial es una decisión que se toma en el ámbito político, ya sea en la etapa de consolidación del proyecto o durante el estudio en el Congreso, como sucedió el año pasado cuando se aprobaron incrementos para docentes, personal de Salud, ANDE e INC.

El decreto, sin embargo, deja en claro que se avanzará en la implementación y profundización de la matriz salarial, “la cual no debe tomarse en ningún caso como una recategorización, aumento salarial, ascenso o promoción”, dice Hacienda.

La matriz (incorporada en un 100% en las entidades del Ejecutivo y solo restan entes descentralizados), es blanco de críticas de analistas económicos, empresarios y legisladores que proponen parar su implementación o dejar sin efecto, ya que triplicó los sueldos y las bonificaciones que debían eliminarse, continúan pagándose a pesar de las prohibiciones.

También se dispone medidas de austeridad y disciplina en el consumo de agua, electricidad, suministros y combustibles, así como en el uso de telefonía fija y celular, servicios de catering y vestimenta.

En el caso de los servicios públicos existe una deuda histórica que actualmente asciende a US$ 54 millones que no podrá ser cancelada este año como se previó.

Esta deuda se arrastra desde hace más de 13 años, porque los administradores de las diferentes instituciones no pagaban con regularidad las facturas, según explicaron las autoridades.

Los anteproyectos deberán ser entregados a Hacienda a fines de junio y esta cartera consolidar el PGN 2019 para su presentación al Congreso a más tardar el 1 de setiembre, tarea que ya corresponderá al nuevo presidente Mario Abdo Benítez. Al respecto, Hacienda aguarda las indicaciones del equipo de transición.

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