La licitación para la operación de los peajes, que fue adjudicada al consorcio Ramón C. Álvarez-CDD exigía una experiencia mínima de cuatro años en contratos similares, según consta en el folio 34 del pliego de bases y condiciones. El consorcio en cuestión tiene solo tres años y cinco meses y no alcanza el mínimo, según revela una resolución emanada del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio que involucró a la Corporación Vial del Uruguay y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese país.

El documento, al cual tuvimos acceso, menciona como antecedente textualmente lo siguiente: “el 16 de abril de 2002 se suscribió un contrato referente a la construcción de los puestos de peaje y la recaudación de los mismos, entre la CVU, como contratante y el Consorcio Hernández & González SA-Ramón Álvarez SA en calidad de contratista, cuyo plazo finalizó en setiembre de 2005”. La resolución tiene fecha del 22 de abril del año 2015.

Fue justamente el contrato que tuvo con la Corporación Vial del Uruguay la que empresa Ramón C. Álvarez mencionó como experiencia específica para competir en la licitación de los peajes en nuestro país, en la que finalmente resultó adjudicada su oferta, por más de G. 42.000 millones.

Cantidad de puestos

Para competir en la licitación, la firma Ramón C. Álvarez SA presentó una declaración jurada en la que aseguraba haber construido nueve peajes para la Corporación Vial del Uruguay, que a su vez era contratista del Estado uruguayo. Tres de los puestos mencionados por la firma Ramón C. Álvarez ni siquiera fueron objeto del contrato principal.

Ayer, el MOPC envió un comunicado en el que asegura que la firma del contrato no se hará hasta que no se aclare la denuncia sobre falseamiento de datos.

La respuesta llegó vía Cancillería la semana pasada, pero sospechosamente el Ministerio insiste en que no ha sido notificado oficialmente y no revela el contenido del informe.