Sobre el punto, el superintendente de Bancos, Hernán Colmán, explicó que desde el momento en que se inició el proceso de resolución de la Financiera Ára (el 30 de abril último), todo contrato de garantía o similar que tenía la entidad queda cancelado.
La firma Norte Sur SCI, de Ciudad del Este, representada por Miguel Ángel Martínez Lugo, que fue autorizada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en forma provisoria para la explotación del juego de azar denominado “La Gran 7”, bajo la modalidad de “rifa”, operación que tuvo la garantía de Ára, que está en proceso de cierre.
Proceso irregular
El procedimiento por el cual se autorizó a Ára que fuera garante en la operación sería irregular, ya que la Ley 1016/97, que regula el sector de los juegos, solo autoriza una fianza bancaria real o de una empresa de seguros. Conajzar, sin embargo, concedió el permiso basándose en unas consultas que hizo al BCP.
Colmán comentó que, efectivamente, las financieras reúnen las condiciones para otorgar este tipo de fianzas, de acuerdo con lo que establece la legislación bancaria. No obstante, el impedimento legal para este caso en particular radica en lo que establece la Ley de Conajzar y no la ley bancaria, agregó.
El director de Conajzar, Javier Balbuena, había justificado el procedimiento en que la operación cuenta con un dictamen de la Superintendencia de Bancos y la de Seguros, que autorizaban a Ára que se hiciera cargo de la fianza y cobertura en caso de mora en el pago del canon estipulado al Estado, de G. 50 millones.
La fiscalía indaga el faltante de US$ 14,3 millones. Además, están en juego otros US$ 5 millones correspondientes a recursos públicos.
Cabe señalar que el pasado 30 de mayo se cumplió un mes del proceso de intervención de Ára; sin embargo, hasta este momento no se tienen pistas del dinero, y tampoco existe un solo imputado.