La denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que el 25 de junio pasado presentó el abogado Lelis Rubén Olmedo en nombre y representación de Julio César Villalba, reavivó las numerosas publicaciones sobre un viejo esquema que impera en Ciudad del Este.
Olmedo refirió que el esquema funciona gracias a la protección de la senadora liberal Zulma Gómez y de Fredy Franco, hijo del presidente Federico Franco.
“No podría realizarse todo este emprendimiento criminal sin la participación de los padrinos políticos de turno en el poder y se destaca la figura preponderante de una legisladora, quien brinda toda la protección y apoyo político a la operación, como también la participación de Fredy”, señala la denuncia.
El contrabando se realiza a través del aeropuerto internacional Guaraní de Ciudad del Este. Por cada vuelo perciben irregularmente 30.000 dólares, aparte de 1 dólar por la fiscalización a posteriori de los relojes con marcas, 3 dólares por cada kilo de celulares con marcas, indica otra parte de la denuncia.
En el escrito se menciona que del contrabando de las mercaderías provenientes de territorio asiático, de Hong Kong, participan supuestos importadores y presuntos despachantes que integran un esquema compacto y secreto, movilizando montos siderales de coima.
Además de Gómez y Franco fueron denunciados los importadores: Ricardo Galeano, Walid Amine y Javier Vázquez; el abogado Juan Carlos Sosa; el despachante Carlos Amarilla; Osvaldo Molinas, director de la Dirección Nacional de Aduanas; Alberto Benítez, administrador de Aduanas del aeropuerto Guaraní; Luis López, jefe de Visturía del aeropuerto Guaraní; Carlos Osorio, de Valoración de la Aduana del aeropuerto; Cristóbal Ibarrola, gerente de cargas, Aeropuerto Guaraní; Sandra Martínez, abogada representante de marcas.
En una denuncia anterior, el mismo abogado había accionado en contra del fiscal adjunto Alejo Vera; el fiscal de marcas Marcelo García de Zúñiga; la directora nacional de Aduanas, Rocío Vallejos. En el escrito detallan montos que reciben varias instituciones públicas para permitir el ingreso de mercaderías desde Hong Kong.
Otro bando
Por otro lado, se menciona que Olmedo sería parte del otro grupo que quiere manejar el esquema.
Según fuentes, detrás de Olmedo estaría el abogado Ramón Aquino, que a su vez está muy vinculado a un senador colorado. Aquino sería el que realmente impulsa las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y que salpican a políticos, autoridades de aduanas, fiscales y jueces.
Los que ahora buscan manejar el esquema operarían a favor de Estanislao Franco De Oliveira, más conocido como “Chilao”, quien tendría frondosos antecedentes en Bolivia, en donde habría sido condenado por piratería, según las fuentes.
El mencionado grupo había conseguido que el exfiscal Marcelino González, destituido por el Jurado, intervenga el cargamento de 20 camiones, fuera de su competencia, como concluyó el organismo juzgador.
Igualmente, se impulsa una guerra mediática, que forma parte de la “guerra” entre bandos.
El esclarecimiento de los hechos, mediante una investigación objetiva, corresponde al Ministerio Público.
La fiscalía adjunta de Alto Paraná está a cargo del fiscal, Alejo Vera.
ESQUEMA DE HACE AÑOS
El megaesquema de contrabando y de evasión de impuestos habría surgido hace unos 10 años e inicialmente estaba a cargo de despachantes de Aduanas. Hace como cuatro años que los fiscales de marcas y erarios de Ciudad del Este supuestamente ingresaron al esquema, cobrando un dólar por cada paquete de celulares que ingresan, la mayoría por el Aeropuerto Guaraní.
Además del ingreso de productos falsificados provenientes de China Continental, el sistema está preparado para la subvaloración, defraudación o directamente el ingreso de mercaderías “en frío”, es decir, sin pagar tributos, a través de la Aduana del aeropuerto mencionado.