Jorge Galeano, Marlene Escurra y Juan Ramón Molinas, directivos de la comisión vecinal de Santa Teresa, visitaron esta semana nuestra redacción, acompañados por los abogados Walter Ruiz y Óscar Huerta.
Según dijeron, el Indert debería llevar adelante un trabajo más minucioso y técnico del que está realizando, teniendo en cuenta que primero debe individualizar los lotes en los que planean reubicar a otros labriegos y verificar in situ la situación real de cada terreno.
De acuerdo con el dato manejado por el ente rural, en Santa Teresa hay 822 hectáreas en situación irregular, revendidas por los campesinos a extranjeros, lo cual es una violación de la ley del Estatuto Agrario.
Sin embargo, si hay tierras a ser recuperadas, los pobladores consideran que estas deben ser para sus hijos y no para labriegos de otras colonias.
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Reconocieron que hay casos de campesinos que arriendan el 50% de sus propiedades, pero al mismo tiempo dijeron que son víctimas de muchas irregularidades cometidas por los funcionarios del Indert.
Por su parte, los asesores legales resaltaron el peligro de enfrentar a dos grupos campesinos, sin siquiera haber informado antes a los pobladores locales.
“El Indert no llegó a hablar con ninguna familia, tampoco realizó un censo. En la madrugada pasada hubo un intento de invasión por parte del otro grupo y hubo tiros de por medio. En el hipotético caso de que ocurra un derramamiento de sangre, responsabilizamos a Justo Cárdenas (presidente del Indert) por actuar con tanta ligereza en una situación tan grave”, subrayaron.