Desde la creación de la Ley, en el 2014 a la fecha, el cumplimiento de dichas obligaciones ha generado multas por valor de G. 32.870 millones (unos US$ 6 millones), según informó ayer el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, tras reunirse con la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

Peralta informó a la citada secretaria de Estado sobre la situación de los entes en mora en su deber de informar, y al respecto detalló que se agotarán las instancias administrativas antes de ir a instancias judiciales para hacer cumplir la normativa y cobrar las multas.

“Le mencionábamos a la ministra el interés de la Procuraduría General de la República de empezar acciones judiciales, porque los montos son muy grandes”, acotó. Hay tres casos puntuales que preocupan, el de Trinidad, en Itapúa, que adeuda casi G. 450 millones, al igual que Cerrito y Laureles, en Ñeembucú, que tienen el ranking de municipios con mayor nivel de incumplimiento.

Según precisó el ministro Peralta, son los administradores los que deben responder con sus bienes propios por la falta de cumplimiento de las exigencias de la Ley 5189, o sea que las multas deben ser asumidas por ellos y no por la institución.

La multa por la falta de presentación asciende a G. 12.658.073 por cada reporte y por cada periodo. Los entes tienen un plazo de hasta 15 días hábiles del mes siguiente para presentar sus informes del mes anterior.

En general el nivel de cumplimiento óptimo es muy bajo, ya que solo cerca del 17% han informado en un 100% en el mes de mayo (ver cuadro), mientras que un 75% presenta un cumplimiento intermedio.

Por otro lado, Peralta anunció que está en tratativas para que Paraguay pueda medir el índice de desarrollo del servicio civil, lo que en este caso corresponde al campo de política de recursos humanos del Estado. Se tendrá apoyo técnico no reembolsable del BID.