Jubilados advierten que uso de fondos sería ilegal

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La Agremiación de Funcionarios Públicos Jubilados del Servicio Civil ratifica que para invertir los fondos de la Caja Fiscal primero se debe crear un ente autárquico a ser administrado por aportantes y jubilados.

A criterio del presidente de dicha agremiación, Ceferino Rodríguez Benítez, y del coordinador, Dionisio Zárate González, si no se cumple con este requisito fundamental establecido en la ley y en la Constitución Nacional, cualquier inversión que se lleve adelante será ilegal.

Los dirigentes de los jubilados visitaron la redacción de ABC Color para explicar la posición de la entidad en torno al anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, respecto al uso de los fondos de la Caja Fiscal para la compra de bonos del Tesoro y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Zárate González insistió en que el artículo 103 de la Constitución Nacional determina el cómo se puede o se debe realizar la inversión de los fondos jubilatorios y señala lo siguiente: “Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo el control estatal”.

Explicó que no están en desacuerdo en que se inviertan los fondos de la Caja Fiscal y que esto reditúe intereses para los jubilados, pero consideran que Hacienda no lo puede hacer como lo propone el ministro sino que se debe crear el ente autónomo a ser conformado por funcionarios y jubilados, quienes son los que deben tomar la decisión correspondiente sobre las inversiones a ser efectuadas.

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El ministro Ferreira Brusquetti anunció que están cerrando los detalles para poder invertir los fondos de la Caja en los bonos del Tesoro y de la AFD.

Señaló que la entidad tiene actualmente depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP) unos 670 millones de dólares a tasa 0%, de los cuales podrían ser utilizados unos 100 millones en la compra de valores del Estado a tasas razonables.

Zárate González y Rodríguez Benítez indicaron al respecto que el ministro de Hacienda se convertirá en juez y parte en la operación, teniendo en cuenta que usará los fondos de la Caja y definirá a qué tasas serán colocados los bonos.