El caso se relaciona con la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) que se inició a finales de la década de los noventa. En aquel entonces, el abogado y funcionario del BCP Francisco González, junto a su colega Fausto Portillo, intervinieron en el juicio solicitando, por un lado, la quiebra de la entidad financiera, y, por otro, la inclusión del crédito correspondiente de la Banca Central.
A criterio del ente monetario, ambas actuaciones se dieron en el marco de las atribuciones establecidas por ley y en cumplimiento de la misión oficial del BCP como vigilante de la estabilidad del sistema financiero.
Los antecedentes del caso revelan que el abogado Francisco González inició el proceso de regulación de honorarios aun siendo funcionario, luego esperó a retirarse del BCP para reclamar los pagos (el plazo para ejecutar los honorarios según la ley es de diez años).
En su oportunidad, el Central interpuso todas las defensas y apelaciones posibles; sin embargo, las mismas fueron rechazadas sucesivamente.
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Los abogados reclaman al banco una suma total de G. 3.138.396.688. El año pasado, el BCP no incluyó el monto en su proyecto de presupuesto del año 2013; sin embargo, a raíz de una orden emanada de un juez, los legisladores contemplaron la cifra en el plan de gastos de la entidad monetaria para el actual ejercicio.
Tras la feria judicial de enero pasado, el juez de primera instancia del séptimo turno, Hugo Bécker, en fecha 1 de febrero de 2013, remitió un oficio al BCP a fin de que la entidad proceda a la efectivización de los honorarios. El banco, antes interpuso un recurso de aclaración, con lo cual obtuvo que el Juzgado redujera el monto pretendido por los accionantes, tomando en cuenta que el abogado González se subrogó en los derechos de su colega Portillo en el monto que correspondía a este último.
Interviene Procuraduría
Sin embargo, en febrero pasado la Procuraduría General de la República interpuso una acción autónoma de nulidad en contra de los abogados Francisco González y Fausto Portillo, bajo el argumento de que la entidad no tuvo participación en ninguna de las instancias del proceso de regulación de honorarios de los mencionados profesionales del derecho.
En fecha 21 de febrero pasado, la jueza Gauto Bozzano admitió la demanda y ordenó al Banco Central del Paraguay la suspensión de la tramitación del expediente, así como la realización de cualquier tipo de pago a los abogados que fueron citados. Igualmente, dispuso la comunicación del caso al juzgado de Hugo Bécker.
La estrategia de la Procuraduría es obtener una sentencia firme que impida el pago de los honorarios regulados, tal como ocurriera años atrás con el sonado caso de las “croquetas de oro”, cuando una empresa que brindaba servicios de comida intentó cobrar una suma multimillonaria a la Itaipú.