La NR 92 debe dirimirse en La Haya, advierten

Ante la recomendación emanada de la Contraloría General de la República (CGR) a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para que inicie los trámites en instancias de un arbitraje internacional para dirimir la controversia que generó la aplicación ilegal por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 (NR 92), el Ing. Germán Escauriza advirtió que esa vía no es la más recomendable.

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Añadió que el único lugar donde puede garantizarse los derechos de un país con menor desarrollo económico relativo es la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

“La mencionada Nota Reversal modifica la Norma Fundamental del Derecho Interno Paraguayo, además dicha normativa no integra el derecho positivo paraguayo”, apuntó Escauriza.

Agregó que tanto los actuales como anteriores consejeros y directores de Yacyretá aplicaron en forma ilegal esa reversal, que modifica el Anexo C del Tratado y que fue rechazado por el Congreso paraguayo en junio de 1995, por lo que no tiene vigencia jurídica.

Auditoría de la CGR

La recomendación de la CGR forma parte de las conclusiones de la reciente auditoría financiera practicada a la ANDE, correspondiente al Ejercicio 2014.

En el informe, además de la observación sobre Yacyretá, se detectaron otras irregularidades, como la deuda acumulada por consumo ilegal de energía eléctrica por parte de una empresa cementera (Tasser SA), distinta a Aceros del Paraguay SA (Acepar SA), aunque asumida por los administradores por más de G. 12.204 millones al 31/12/14.

Según los auditores de la CGR, la ANDE se expone a perder un alto porcentaje de esa deuda por encontrarse la siderúrgica en estado de convocatoria de acreedores.

Esta situación ya había sido advertida en un reporte anterior de la CGR, pero no fue tomada en cuenta por las autoridades de la ANDE.

En otro punto del informe de auditoría, indican que la ANDE pagó beneficios indebidos entre los meses de julio a noviembre de 2014 a un total de 30 funcionarios con cargo de Jefatura tomados como muestra.

Los mismos percibieron la suma de G. 491.028.391 en concepto de Bonificación por Responsabilidad y Disponibilidad en el Cargo y Personal Prevenido, pese a la existencia de dos resoluciones de la Presidencia que lo prohibían, indica la CGR.

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