Sobre el tema, Leite aseveró que saben que desde el jueves de la semana pasada el estudio jurídico Gross Brown andaba por los tribunales “buscando hueso”. “Y bueno, encontraron uno ayer, y ya veremos lo que falla. Lo que sí puedo garantizar es que lo que hagamos será transparente. Si nos equivocamos, vamos a pedir disculpas, pero creemos que esto es totalmente acertado desde el punto de vista constitucional, legal y, sobre todo, estamos defendiendo el bolsillo de la gente que menos tiene”, aseveró.

Dijo que lo único que el Gobierno hizo promulgando el decreto fue “corregir un grave error” cometido en 2001 (durante el gobierno de Luis González Macchi), con el fin de volver las cosas “por lo menos en parte”, en su lugar.

Afirmó que el decreto no es monopólico desde el momento que el otro 50% continúa en manos privadas, que, además, siguen importando las naftas de mayor octanaje y el diésel premium. Omitió, sin embargo, señalar que estos últimos carburantes son los de menor venta en el mercado.