Por Resolución N° 1921 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del 30 de diciembre de 2014, la Patrulla Caminera postergó para febrero el control de rodados con chapa provisoria vencida a setiembre del año pasado.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) recomendó a las comunas del país adecuarse a la resolución del MOPC para hacer el control en febrero. El Decreto 2190/14 dice que las “chapas provisorias” expedidas hasta setiembre pasado tienen validez solo hasta el 31 de diciembre de 2014.
Las autoridades de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Asunción no estuvieron de acuerdo con esta decisión, ya que dijeron que la ley del RUA y el decreto presidencial deben ser acatados sin más tregua.
Sin embargo, estas instituciones realizan esporádicos controles porque también reconocen que tanto el RUA como las plantas verificadoras de rodados no tienen capacidad para atender la demanda de personas cuyos vehículos no fueron aún legalizados.
Denuncia robo
La Caminera hará el control recién el febrero y será por el último número de la chapa provisoria (comenzará con el número 1).
Este documento tiene validez por 20 días, según interpretación dada de la Ley 5236/14, que modificó la Ley 608/05 del RUA.
El inspector Manuel Gamarra, de la Comuna de Asunción, informó el sábado que recibieron varias denuncias de robo de chapas definitivas. Estos casos habrían surgido porque personas inescrupulosas estarían usando chapas ajenas para burlar los controles.
La denuncia demuestra que la Policía, la Caminera y los inspectores comunales no solo deben controlar las chapas provisorias, sino la cédula verde, cuyos datos deben coincidir con el número de la chapa definitiva.
La directora del RUA, Dolly Larrosa, reconoció que los vehículos están plenamente legalizados si tienen estos dos elementos identificatorios.
El RUA pidió a la Caminera postergar el control y adecuarse solo a la Ley 5236/14, sobre chapas provisorias, y no a la Ley 608/95, que no permite excluir de los controles la cédula del automotor. Esta institución, que depende de la Corte Suprema de Justicia, solo puede atender hasta 1.300 personas por día. Un control masivo o en todo el país y sin tregua creará una gran avalancha de gente en todas las oficinas registrales, reconoció Larrosa.