Licitan millonario servicio de limpieza para el aeropuerto

La Dinac está licitando el servicio de limpieza para el aeropuerto Silvio Pettirossi por un monto estimado de más de G. 3.000 millones, para 18 meses, en un momento en que se prepara la entrega de la terminal a un operador privado.

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Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsa ante la Justicia la entrega del aeropuerto Silvio Pettirossi por 30 años a un operador privado, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) sigue licitando millonarios contratos para la terminal aérea. Esta vez se trata de un contrato de limpieza por G. 3.078 millones, por un plazo de 18 meses, tiempo en el que ya podría estar en manos privadas.

Ayer intentamos conversar con Luis Aguirre, presidente de la Dinac, para que explique por qué están haciéndole pagar al Estado la limpieza de la terminal que quedaría en manos de un operador privado, pero no respondió las llamadas a su celular con terminación 720.

Esta no es el única licitación convocada para la terminal a un paso de entregarse. También está en marcha una licitación para refacciones por casi G. 900 millones, cuya apertura de sobres se hará el lunes.

La justificación para este llamado fue que las instalaciones se deterioran día tras día y que la falta de definición de la APP supuestamente obligaba a hacer un llamado de urgencia para mejorar el edificio de modo a hacerlo más confortable.

Entrega a Sacyr

La empresa a la que el Ministerio de Obras Públicas quiere adjudicar el aeropuerto y otorgarle su explotación plena por los próximos 30 años es Sacyr, una empresa española con antecedentes de incumplimiento y procesos judiciales en curso en varios países que debieron impedirle concursar.

En lugar de eso, el Ministerio de Obras Públicas le benefició con dictámenes a medida, hecho que fue constatado por la Contraloría en una auditoría que tuvo como resultado la recomendación de que la licitación se declarara desierta.

En lugar de acatar la recomendación, el MOPC terminó recurriendo al tribunal de cuentas, solicitando la nulidad del dictamen que recomienda cancelar el llamado. El caso sigue en manos de la Justicia.

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