Metalúrgicos solicitarán audiencia con Presidente

Metalúrgicos fabricantes de defensas frontales, traseras, enganches, etc., para automotores solicitarán una audiencia con el presidente Horacio Cartes para explicarle los perjuicios, sobre todo sociales, que causarán al sector dos artículos de la nueva Ley N° 5016/14, de Seguridad Vial.

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La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Equipamientos y Accesorios para Vehículos analizó de vuelta el tema el viernes último y advirtió que si no se logra modificar los artículos 52 (numeral 2) y 66 (inciso W) de la citada ley, cuya reglamentación está en curso en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tendrá un impacto negativo directo sobre alrededor de 8.000 trabajadores de este rubro.

Los citados artículos prohíben la utilización de defensas frontales o traseras y enganches sobresalientes en los vehículos, además de los faros no convencionales.

Al respecto, el titular del gremio, Marco Pelliccetti, afirmó que la prohibición será “sumamente perniciosa” para las empresas, fábricas y talleres que se dedican exclusivamente a esta actividad. El gremio considera de “utilidad pública” el uso de estos equipamientos de referencia en los vehículos, tales como protectores frontales, traseros, barras antivuelco, carpas cubrecarrocería, buscahuellas, molinetes, tiratrailers, etc.

En este contexto, los miembros de la asociación mantuvieron ayer una reunión con la diputada Olga Ferreira para explicarle la situación y pedirle su acompañamiento.

Movilización

Por otra parte, los metalúrgicos no descartaron realizar una manifestación, como una medida de protesta contra la ley aprobada en el Congreso a instancia del senador Eduardo Petta.

Pelliccetti aseguró que la utilización de estos implementos para vehículos no es la causa, ni mucho menos, de los accidentes en las rutas del país, y que ni siquiera hay estadísticas sobre el particular por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ni de la propia Patrulla Caminera.

El gremio insiste en que la aplicación de la ley en cuestión afectaría, en forma directa, a 3.500 profesionales y técnicos que se dedican a la producción de los equipamientos para vehículos, y que a su vez generan empleo para unos 8.000 trabajadores, que eventualmente quedarán sin trabajo, generándose un grave problema social. “A eso no queremos llegar, y por ello recurriremos a las autoridades nacionales”, manifestó finalmente Pelliccetti.

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