El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue aguardando un informe de la Cancillería Nacional sobre la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez, que, consorciada con la paraguaya CDD (César Daniel Delgado) fue adjudicada para la operación de 13 peajes en las rutas del país. Sobre la empresa uruguaya existen indicios de que presentó documentos falsos para acreditar su experiencia. El informe que se aguarda de Cancillería es justamente por esa sospecha.
Fuentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas advirtieron que la cancelación de esta licitación puede hacerse sin aguardar ese informe, puesto que la ley le da el derecho a la entidad contratante a cancelar sus licitaciones en cualquier etapa del proceso antes de la firma del contrato. Así lo establece el artículo 31 de la Ley 2051.
El grupo adjudicatario no presentó la mejor oferta, sino que se ubicó en segundo lugar, ofreciendo cobrar G. 42.617.155.425.
Antecedentes
Ramón C. Álvarez SA es la misma empresa que resultó adjudicada en una licitación que motivó una denuncia penal contra las autoridades del MOPC.
Se trata del llamado a licitación para rehabilitar y pavimentar el tramo caminero San Juan Nepomuceno-Ruta 6, adjudicado por G. 362.966.484.308 (US$ 65 millones al cambio actual) al consorcio Tavaí (CDD Construcciones 60% y Ramón C. Álvarez SA 40%).
El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había advertido sobre la falta de cumplimiento de algunos requisitos financieros, lo que impedía adjudicarle con esta licitación.
Contrato, en espera
Según el Ministerio de Obras, durante la licitación de la tercerización de los puestos de peaje la firma uruguaya Ramón C. Álvarez SA había presentado dos notas autenticadas de la Corporación Vial del Uruguay SA que avalaban su experiencia.
“Ahora apareció una tercera –que pertenece a la supuesta remitente de estas notas– que rectifica las dos anteriores. Sin embargo, este documento no fue gestionado por el ministerio”, reza parte de un comunicado.
Este fin de semana intentamos consultar con las autoridades del MOPC si están considerando cancelar la licitación y convocarla de vuelta, en vista de que la ley le faculta a hacerlo. Sin embargo, en la Dirección de Comunicaciones no respondieron las consultas.
Como parte de la privatización de los 13 peajes, alrededor de 200 funcionarios que hoy cumplen tareas en esos puestos deben ser reubicados, según datos del Ministerio.