Manifestó que los más de 100 municipios tienen el derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley, pero advirtió que la ciudadanía está obligada a acatar la norma. Cardona asegura que la inconstitucionalidad ganó los municipios y no la ciudadanía.

Sin embargo, se cuida en decir que la inspección técnica es un servicio público que debe estar habilitado por cada una de las comunas. Si no es así, la ciudadanía no podrá “acatar la ley”.

No obstante, aseguró que varias municipalidades están de acuerdo con la nueva ley que fue promulgada por el presidente Federico Franco, ya que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal fue la que había impulsado el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 2012.

Giro de la Opaci

Opaci había encabezado la campaña contra la Ley 3850/09, desde febrero de 2012, luego de que la Dirección Nacional de Transporte anunciara la habilitación de los centros de control vehicular. Sin embargo, en noviembre de 2012 varió de postura sin la autorización de los intendentes y juntas municipales.

Tanto Dinatran como Capavea prometieron habilitar más centros de inspección (ahora hay 19), que será muy difícil en zonas donde hay pocos vehículos, como en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Además, la mayoría de las comunas podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 4856/12, pues Dinatran sigue siendo la “autoridad central” de las ITV.

El presidente de Capavea aseguró que las empresas desean trabajar y no demandar al Estado, que será el “último recurso” si la Ley 4856/13 es anulada por otra acción de inconstitucionalidad. La resistencia de la gente a la ITV complica a este gremio.