De acuerdo con lo que establecen las normativas vigentes, una empresa cuya facturación supere los G. 6.000 millones al año está obligada a tener un dictamen de auditoría tributaria, que debe realizar un auditor profesional independiente inscrito como tal en la SET.

Según este dictamen, debe informarse a Tributación si la empresa auditada cumplió en tiempo y forma con el pago de los impuestos correspondientes.

El auditor está obligado a hacer el control cruzando los datos de la empresa con la información impositiva que tiene la SET para asegurar el pago de impuestos.

En caso de encontrar alguna anormalidad, debe informar del hecho a las autoridades.

Dentro de la red de empresas fantasmas, es decir, las que solo existen en documentos, creados por Centurión Carmona y Berthand Gómez, aparecen varias empresas que, efectivamente, facturaron sumas muy superiores a la que se establece como mínimo para tener una auditoría tributaria.

Justamente para que el esquema funcione, el “auditor” que hizo los dictámenes tributarios de las empresas vinculadas al esquema es Berthand Gómez.

Con esto, se prentendió “blanquear” las auditorías tributarias, lo que desnuda además el bajo nivel de control de la SET, ya que con este esquema las seis empresas ficticias operaron casi durante cinco años.

No obstante, hay fundadas sospechas de los investigadores de que más auditores externos participaron del sistema, teniendo en cuenta que hasta ahora no han revisado la totalidad de los documentos y, sobre todo, por la cantidad de firmas vinculadas hasta ahora como “compradoras” de facturas, que llega a casi 300.

Especialistas en la materia consultados por ABC Color indicaron, igualmente, que es difícil que un solo auditor haya estado trabajando con esa cantidad de empresas.

Centurión Carmona y su esposa, Delia Segovia Rodríguez, ya guardan prisión domiciliaria por este caso, mientras que la fiscalía espera la declaración de Berthand Gómez, sobre quien pesa orden de captura emitida por la fiscalía.