Explicaron que en principio se manejaba la idea de solicitar al Parlamento una ampliación para ajustar el sueldo mínimo en 7,7% de los funcionarios que ganan por debajo de lo que dice la ley, las fuerzas públicas que tienen atada su escala al mínimo y los docentes que acordaron un incremento de 10% en el año.

La ampliación implica aumentar el presupuesto y cubrir con una mayor recaudación impositiva, sin embargo, tras un análisis realizado, se optó por pedir al Legislativo una reprogramación, que implica quitar de un sector el crédito presupuestario disponible y trasladar a otro sector, sin que esto implique un incremento del gasto público total.

Con esta operación también se apunta a evitar que el Senado, dominado por la oposición, se oponga al ajuste con el argumento de que el presupuesto ya tiene un déficit de 2,8% del PIB.

En principio, el ajuste al mínimo para estos sectores costaría más de G. 400.000 millones (US$ 73 millones al cambio vigente).