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Al respecto, Escauriza señaló que el citado “período de gracia, fue una disposición administrativa, violatoria del tratado y del Anexo C”. Añadió que los consejeros y directores paraguayos y argentinos de Yacyretá, “no tuvieron ni tienen atribuciones para modificar el tratado de la entidad y sus anexos”, por consiguiente, no es válido este tipo de disposiciones.
El especialista afirmó que el director paraguayo de Yacyretá, Juan Schmalko, y el embajador paraguayo en la Argentina, Nicanor Duarte Frutos, “están defendiendo intereses particulares, en contra de los intereses nacionales”.
Recordó que los 53 millones de dólares presupuestados por la EBY para gastos sociales, no están contemplados en el costo del servicio de electricidad, y es una forma de corrupción encubierta.