La notoria rapidez y los vicios llamativos que se observan en este proceso, entre otras cosas, se fundarían en la intención del pago del 30% de anticipo correspondiente a esta licitación pública nacional, en el marco de la construcción de la nueva planta alcoholera que pretende construir Petropar.
El proceso arrancó con la precalificación otorgada únicamente al Consorcio Alcoholero Paraguayo, integrado por CIE (actualmente a cargo de la línea de 500 kV para Itaipú y que no posee experiencia específica en el rubro alcoholero); Termeco, propiedad de Juan Carlos Canese, quien negoció junto con Guillermo Stanley la venta de Acepar a Taselli y construyó una planta de alcohol para la cooperativa Coronel Oviedo que hasta ahora no funciona normalmente, según los datos. Además, está conformado por L’Acerie SA, firma dedicada a la venta y comercialización de chapas y perfiles de acero, sin experiencia en el rubro alcoholero, y GA Ingeniería, del Ing. Gustavo Abente y Juan Gallardo, firma que fue criticada por las obras de ampliación de la planta de Troche en la era colorada de Alejandro Takahasi al frente de Petropar.
El otro grupo de empresas que pugnó en el proceso es el Consorcio Bionergético del Paraguay, integrado por Engineering SA, MGA Constructora, Ingemant SA, Metalmek SA y Vimar Constructora.
Este protestó contra la evaluación y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio lugar al reclamo. Allí, Petropar decide cancelar el llamado.
Este consorcio había protestado debido a que el Comité de Evaluación, tanto en la primera verificación como en la posterior reevaluación, por disposición de DNCP, la entidad omitió el uso de los criterios establecidos en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas y se ratificó en la descalificación de los consorcios Santa Rosa y Bionergético del Paraguay, aduciendo que ciertos documentos que debían haber presentado eran “sustanciales”, cuando la ley no ampara dicha determinación, la cual fue tomada arbitrariamente por el comité, cuyo responsable es el Ing. Guillermo Parra, funcionario de Petropar cuestionado por avalar procesos irregulares.
En tiempo récord la petrolera vuelve a convocar el segundo llamado. Llamativamente, a través de una adenda, modificaron sustancialmente el pliego de bases y condiciones (PBC), con lo cual aniquilaron la libertad de participación de las empresas en la siguiente etapa del proceso, con el objeto de abrir el camino para direccionar la multimillonaria licitación.
En efecto, el cambio se registró en el punto “c” del ítem 2.2 “Experiencia específica”. En el punto “c” inicialmente decía que para la fabricación y provisión de equipos o servicios tecnológicos para plantas de etanol, los participantes debían haber realizado trabajos por valor de G. 5.000.000.000, sin embargo, con la modificación elevaron este requisito a G. 100.000.000.000. Viendo los consorcios participantes, solamente uno cumple con este requisito, con lo cual queda evidenciado que el proceso está direccionado para el grupo que ya había sido ganador en el primer llamado.