La deuda por la venta de energía que mantiene la empresa estatal argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), que consumió el 94,3% de la energía generada por la central hidroeléctrica Yacyretá en toda su historia, sería mucho mayor de la que aparece en los documentos, teniendo en cuenta que la entidad binacional viene aplicando una tarifa irreal por la aplicación de la Nota Reversal de 1992.
Según se observa en el presupuesto de la EBY, correspondiente al año 2012, la tarifa establecida por la energía generada es de US$ 44,62 el MWh y el monto facturado a la compañía argentina en ese año por el 88% de toda la energía generada fue de US$ 795 millones.
“Lo facturado a Ebisa por EBY no fue conforme a la tarifa que exige el Anexo C, en cuanto a que los ingresos deben ser igual al costo de la energía”, afirmó el especialista José Luis Enciso. Añadió que tampoco se tiene acceso a la documentación respaldatoria de los asientos contables, que se encuentran en Buenos Aires.
Según los registros, desde que comenzó a operar, en el periodo de 1994 a 2013, la EBY emitió facturas a la estatal argentina por un total aproximado de US$ 8.757 millones, de los cuales pagó en efectivo solo US$ 1.373 millones; mientras que un total de US$ 3.859 millones fueron abonados con papeles, en Notas de Crédito en concepto de reintegros y recupero, a cuenta de la deuda de la EBY con el Tesoro argentino. Esta situación incluso se agravó en los últimos años, teniendo en cuenta que desde 2003 está vigente una resolución de la Secretaría de Energía argentina por la cual efectúan retenciones y descuentos sobre los pagos a la EBY por consumo de energía, decisión con la cual los pagos disminuyeron aún más. En el 2012, Ebisa abonó en efectivo solo US$ 32 millones y el resto fue acreditado en papeles.
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Rever el mecanismo
En opinión del ingeniero Ernesto Samaniego, técnico del sector, es imprescindible determinar una metodología de fijación de la tarifa con la cual se logre el equilibrio económico financiero en el largo y mediano plazo. “Así también se debería encarar la formalización de la comercialización y estructurar los mecanismos que aseguren el cobro de las acreencias”, concluyó.