Funcionarios del Ministerio de Hacienda de la Unidad de Investigación Interna (UII) habían solicitado la intervención a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para evitar los supuestos malos tratos y violación de derechos laborales que existían en la entidad.
De acuerdo con una nota entregada a la redacción de ABC, son cinco los funcionarios que estaban a cargo de Patricia Marchewka, entonces coordinadora de la referida unidad, que denunciaron ser víctimas de tratos degradantes, hostigamiento y acoso laboral.
Añade la nota que una de ellas es la funcionaria Ursula Araújo, quien manifestó que, pese a estar embarazada de cinco meses, le negaron autorizaciones para que pudiera realizar consultas médicas y no le dieron los permisos que la ley le ampara.
Agrega que otro caso grave es el de la funcionaria Ester Rodas, quien es abogada e investigadora, pero fue reasignada a las labores de limpieza diaria de la oficina, aislándola en la sección de archivo y prohibiendo a los demás funcionarios a dirigirle la palabra.
Según denunció la funcionaria, Marchewka le exigía la presentación de un reporte diario de sus tareas, pero que le negaba el acceso a una computadora, obligándole a redactar sus informes a mano.
Además, en su denuncia presentada a la Secretaría de la Función Pública mencionó que Marchewka le obligaba a hacer sus gestiones profesionales privadas, como tramitar sus casos judiciales particulares en el Palacio de Justicia, gestiones para el negocio de su padre en el Mercado Nº 4, para quien hacía trámites en la Municipalidad y les imprimía correos privados y gestiones particulares, como pagar facturas de servicios públicos de su casa o elaborar notas para el colegio de su hija.
Marchewka fue reemplazada en el cargo el 31 de marzo pasado por María del Carmen Benítez, pero sigue en el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) como representante de Hacienda.
Versión de afectada
Marchewka, a través de nota a la redacción y cartas al director, negó que existan violaciones de derechos de los funcionarios o malos tratos y señala que su nombre y trayectoria profesional han sido manoseados irreparablemente por tres funcionarios de la Unidad de Investigación Interna.
Sostiene que estos funcionarios se han sentido repentinamente "violados en sus derechos laborales", luego de haber prestado servicios por más de tres años y de resultados de auditorías internas y externas que han confirmado el uso de certificados de salud falsificados, el acceso a páginas en internet con contenido erótico en horario de oficina con equipos informáticos pertenecientes a la institución, así como el "cajoneo" por más de cinco meses de pruebas instrumentales de relevancia, como ser un informe oficial internacional.