En un momento en que los productores nacionales de biocombustibles se enfrentan con la administración de INC porque esta prefiere el fueloil en lugar del biofuel, el FMI emitió un informe en el que condena el uso de combustibles fósiles, como carbón, gas natural, petróleo y sus derivados, entre los que se encuentran el fueloil.
“Los consumidores deberían estar pagando nada más y nada menos que US$ 5 billones más al año por la energía que consumen para cubrir los costos ocultos para la salud y el medio ambiente del uso de los combustibles fósiles”, señala un artículo publicado la última semana en The Wall Street Journal, que utiliza como fuente un reciente informe del Fondo Monetario Internacional.
Según señaló el organismo, que a su vez se basó en estudios de la Organización Mundial de la Salud, los costos no registrados causados por la contaminación del carbón, petróleo y gas natural deberían considerarse subvenciones estatales, porque las economías deben hacer frente a mayores cargos relacionados con la salud y la degradación ambiental.
Contrariamente a lo señalado por el FMI, la administración de INC prevé llamar a una nueva licitación para compra de fueloil, utilizado en el horno de clínker, y que desde el 2016 prevé comprar coque de petróleo. Eso, a pesar del pedido de productores locales de usar biofuel que, según aseguran, es mucho más ventajoso.
El viernes último, autoridades de la cementera y los productores de biocombustibles, con la mediación del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, se reunieron para llegar a un acuerdo sobre el tema. Tras el encuentro, la estatal emitió un comunicado diciendo que “no descarta el uso de biofuel”, pero que faltan los resultados de análisis técnicos y químicos que garanticen su utilización.
Sin embargo, según explicó Carlos Buttner, miembro de la Cámara Paraguaya de biocombustibles, esos análisis ya fueron hechos, incluso con aval de Petropar (ver facsimilar).
“En la INC están conscientes de la absoluta posibilidad del uso de biofuel, pero hacen tiempo para cerrar la próxima licitación; una vez que cierren, nos quedaremos hablando pavadas. Ellos no quieren escucharnos, porque existen otros intereses y responsabilizamos al Equipo Económico y la Secretaría del Ambiente de las consecuencias ambientales y para la salud que eso traerá”, aseveró.