Una auditoría de la Contraloría detectó una serie de irregularidades en la ejecución del convenio “Proyecto de Seguridad Alimentaria” de US$ 3.324.895 a cargo del Parque Tecnológico de Itaipú.

La distribución de víveres, insumos e implementos agrícolas a comunidades indígenas y campesinas no fue uniforme ni equitativa, de acuerdo al informe.

Se evidenció la existencia de nombres de personas, de distintas comunidades nativas y campesinas, sin la copia de las cédulas de identidad ni ningún otro documento que los identifique.

Esta situación dificultó el seguimiento correcto de la utilización de los fondos desembolsados por Itaipú y demostrar fehacientemente que los mismos llegaron al destino propuesto”, de acuerdo al informe.

Los auditores comprobaron que las personas responsables de la ejecución del convenio no contaban con experiencia en tema de ayuda social. Además, las personas seleccionadas para recibir los beneficios fueron bajo dudosos criterios, “sin reglas claras ni cercana supervisión del financista”, señala el informe.

Los funcionarios incurrieron en irregularidades administrativas consideradas graves, cuya responsabilidad debe ser compartida con los funcionarios de Itaipú, según Contraloría.

El ente de control recomienda al Estado arbitrar mecanismos legales para prohibir a cualquier institución pública recibir recursos de binacionales que no hayan sido incorporados previamente al Presupuesto General de la Nación.

Las irregularidades fueron cometidas durante la presidencia de Fernando Lugo y la dirección de Carlos Mateo Balmelli, Gustavo Codas y Efraín Enriquez Gamón.

La directora ejecutiva de la Fundación Parque Tecnológico, en el periodo auditado fue Rocío Robledo; el director Ejecutivo, Calixto Saguier González y los directores técnicos, José Bogarín y Hugo Franco Paats.