Por su parte, el Ing. Javier Villate dijo que la “desesperante situación” explica claramente la urgente necesidad de contar con una ley, considerando los reclamos de los usuarios, víctimas de sobrefacturaciones por parte de la ANDE. “Hoy no existe la institución técnica del Estado que legalmente se encargue de las averiguaciones y las eventuales rectificaciones y sanciones a la institución por los abusos cometidos contra sus clientes”, lamentó.

Añadió que “como mal parche” al actual estado de cosas, se presentó el defensor del Pueblo, quien se erigió como “canalizador” de los reclamos ciudadanos, que irá irremediablemente “rumbo al oparei”, ya que la Defensoría desconoce el área eléctrica que es altamente técnica y profesional.

Agregó que en países con un “regulador eléctrico” el abuso en las facturaciones, la escasez y los problemas de medidores, los cortes no programados a los clientes acaban con fuertes multas y reintegro del servicio no prestado a todos los afectados.

Atropello

Villate señaló que el “atropello contra el bolsillo de los usuarios” no acontecería si el país contara con un regulador como ocurre en todos los países donde se cuenta con la institucionalidad eléctrica correspondiente. “ANDE declara por sí y ante sí cuánta electricidad pierde, y sus informes técnicos no pueden ser auditados o controlados por ausencia de la institución técnica y legal capacitada para ejercer el control y establecer límites a sus desbordes”, subrayo.