ITAKYRY (De nuestra redacción regional de Ciudad del Este).El conflicto entre colonos de Santa Lucía y los nuevos pobladores sigue latente desde hace varias semanas, según lo indicado por el abogado Rolando Cáceres, representante del primer grupo.
Un grupo de colonos con plantaciones de soja exige que se les reconozcan los títulos de propiedad y documentos de ocupación en trámites a fin de cosechar sus granos.
Sin embargo, según lo explicado, parte de los inmuebles fue entregada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a los excarperos, trasladados al lugar desde Ñacunday, y que estos pretenden cosechar los granos como si fueran suyos.
Entre el miércoles y viernes últimos, un productor logró la cosecha de 180 hectáreas de soja, con resguardo policial, en cumplimiento de una orden judicial firmada por la juez Eresmilda Román Paiva, del juzgado civil de Itakyry. Según Cáceres, quedó pendiente la cosecha de 20 hectáreas que los nuevos pobladores impidieron.
“Exigimos el cumplimiento de la orden judicial, caso contrario, volverá el cierre de la supercarretera, camino a Salto del Guairá. Supuestamente los carperos van a intentar cosechar y ahí va a haber conflicto. Se va a defender la propiedad privada, nuestra gente está preparada y si la Policía no actúa, nosotros vamos a actuar”, afirmó.
Según la denuncia de Cáceres, los carperos están pulverizando la zona con un producto que seca los sojales, a fin de acelerar el proceso de maduración y así cosechar los granos que no les pertenece. Advirtió que si eso ocurre, habría un enfrentamiento.
Uno de los afectados por las acciones del Indert, Milciades Brizuela, de 61 años, completó tres días de huelga de hambre ayer. Brizuela afirma que fue despojado de sus tierras para entregarse a los excarperos.
A su vez, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremio de Productores (UGP), insta a que los procesos se ciñan a la ley. “Cada caso es diferente, pero todos los que sean dentro de la ley vamos a apoyar, vamos a dar nuestro acompañamiento y orientación; y los que no, tendrán que adecuarse”, afirmó.
Refirió que, según los datos que manejan, unos 120 productores cuentan con títulos legales en Santa Lucía, otros están con documentos provisorios y también algunos son ocupantes precarios, es decir, sin documentos.
Versión del Indert
“Rechazamos absolutamente la idea de desalojar a la gente con arraigo. El respeto a sus propiedades es un compromiso fundamental que hemos asumido y que no vamos a dejar de lado. Respetamos estrictamente los títulos de cada propiedad y el arraigo”, afirmó el Lic. Justo Cárdenas, presidente del Indert, sobre la denuncia del representante legal de 40 colonos de Santa Lucía.
Advirtió que los pobladores antiguos con arraigo deben tener parcelas cuyas dimensiones estén ajustadas a lo que estipula ley.