Se concreta “blanqueo” en caso superviaducto

El juzgado ordenó el archivamiento de una investigación penal de lesión de confianza y asociación criminal contra el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y otras autoridades del ente por supuestas irregularidades

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El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, tras la ratificación de la Fiscalía General de desestimar la investigación penal por lesión de confianza y asociación criminal, ordenó el archivamiento de la causa. 

Argumentó además que “no se avizora el elemento de tipicidad correspondiente al daño patrimonial que es el requisito fundamental para el hecho punible de lesión de confianza”.

Con relación a la asociación criminal, el juez indica que no existe circunstancia objetiva que amerite la sospecha de la perpetración de este hecho punible por parte de los altos funcionarios de esta cartera de Estado.

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Antecedentes

El 6 de junio de 2017 el proyectista del “superviaducto”, Ing. Hermann Pankow realizó la denuncia por lesión de confianza y asociación criminal. Indicó que estaban indiciados por los hechos irregulares el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador del ente, Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión.

Pankow alegó, entre otras cosas, que hubo cambios de su proyecto original en detrimento de la obra, con sobrecosto.

La empresa española Isolux Corsán se hizo cargo de la obra por un costo de G. 124.210 millones. Objetaron también que esta firma está involucrada en un esquema de pagos de coimas y sobornos actualmente.

El caso fue investigado en un primer momento por el exfiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción José dos Santos, quien renunció al cargo en abril pasado.

Luego intervino de manera momentánea la fiscala Yolanda Portillo, como interina de Dos Santos hasta que ingresó en la Unidad indicada el fiscal Nelson Ruiz. Este agente tuvo poco más de un mes la causa y decidió desestimarla el 30 de mayo, de manera bastante sigilosa.

Tras dos trámites de oposición del juez Amarilla Arnica, el caso llegó a la Fiscalía General del Estado, y el fiscal adjunto Augusto Salas se expidió el pasado 24 de julio ratificando el archivamiento de la investigación que había dispuesto el fiscal Ruiz, quien argumentó que no encontró anomalías durante la investigación que realizó.

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