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“Primero la Conatel debe arreglar la asimetría que provocó en el mercado de las telecomunicaciones con todos los subsidios que otorgó a Tigo, porque ese dinero utilizó para extender redes de fibra óptica que hoy está utilizando para ampliar su negocio. Está pidiendo licencia para ofrecer televisión por cable en Itapúa y Cordillera”. Fue la queja expresada ayer a nuestro diario por Tomás Guido Sosa, vicepresidente de la Asociación de Cableoperadores del Interior, una entidad recientemente creada.
La fuente advirtió que Tigo ya absorbió a varios cableoperadores de la zona de influencia de la capital y algunas ciudades del interior, concentrando de esta manera actualmente más de la mitad del mercado.
“Es mentira lo que dijo hace poco la titular de Conatel, Teresita Palacios, que Claro es la empresa dominante en el sector de la televisión paga. No sé si lo dijo por ignorancia”, señaló.
Insistió en que de momento la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) debe parar el otorgamiento de licencia a la multinacional porque el mercado de las telecomunicaciones está muy desequilibrado. Existe una empresa dominante que si ahora no es frenada va a terminar con la competencia, porque irá absorbiendo a todos los cableoperadores.
Sobre este tema debemos señalar que si bien el ente regulador niega la venta de la empresa, los propietarios deciden vender la cartera de clientes y no la empresa, con lo cual sortean los reglamentos de Conatel y la Ley 642/95 de Telecomunicaciones que rige al sector.
Adquirió CVC en 2012
Es preciso recordar también que Tigo había adquirido en 2012 por más de US$ 150 millones la única operadora de cable de la capital, CVC (Cable Visión Comunicaciones).
Unos años después la telefónica extranjera compró la cartera de clientes de otro cableoperador de Fernando de la Mora y de otro de Ciudad del Este.
G. 53.000 millones
De 1999 a 2014, Conatel otorgó subsidios a Tigo por unos G. 54.000 millones. Fue la más beneficiada. Le sigue Vox con G. 43.000 millones, desde que pasó a manos del Estado en 2010; luego Personal y Data Lab con G. 20.000 millones y 15.000 millones, respectivamente. El subsidio proviene del Fondo de Servicios Universales que aportan las licenciatarias.