Solo esperan cambio de gobierno para empezar a accionar contra Tributación

El profesional, directivo del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, señaló que la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, se expone a estas demandas porque desde que asumió el cargo y firmó la primera resolución, generó problemas en la aplicación de las normativas vigentes.

“Se que hay muchos colegas que están esperando el cambio de gobierno para presentar las acciones judiciales, incluso, algunos ya tienen el escrito listo”, afirmó Devaca Pavón como respaldo a lo anunciado el día anterior por la abogada tributarista Nora Ruoti.

Ruoti adelantó que luego del cambio de gobierno presentará la inconstitucionalidad por la eliminación de la compensación por pérdida fiscal proveniente de inversiones y el límite establecido a las inversiones en el IRP, de tal modo a que la viceministra responda con sus bienes el perjuicio causado.

Luego del cambio

“Sale este gobierno y va a llover acciones judiciales”, insistió Devaca Pavón y manifestó estar de acuerdo con los argumentos expuestos por Ruoti para recurrir a la justicia y hacer la presentación ya con un nuevo gobierno instalado en el país, que será el 15 de agosto.

En lo que respecta a la demanda para que González Ayala responda con sus bienes, dijo que no es para que uno saque rédito económico, sino para evitar que en el futuro otros quieran hacer lo mismo o algo peor.

Explicó que se espera el cambio de gobierno para accionar porque hoy difícilmente corra en el Poder Judicial porque desde el Ejecutivo se “hace de todo” para evitar que salga una medida de esta naturaleza.

“Ya tuvimos experiencia en los casos anteriores en que presentamos la inconstitucionalidad y resulta muy difícil”, expresó el contador.

A su criterio, si eventualmente gana Mario Abdo Benítez, probablemente en principio sea la continuidad del actual gobierno, pero cree que a la larga se va a tener que sacudir.

Viene de 2016

La controversia sobre el IRP entre la viceministra de Tributación González Ayala y el sector privado (contadores, empresarios, contribuyentes) se viene arrastrando desde fines de 2016 cuando la administración fiscal a poco de finalizar el ejercicio modificó la reglamentación que estaba vigente desde el año 2012.

A través del Decreto N° 6560/16 se modificó 33 artículos de la reglamentación anterior, con el argumento de lograr una mayor equidad tributaria. Entre otros, se estableció límites para deducir las inversiones y en los últimos años, la SET empezó a notificar a los contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones de 2012 al 2016 bajo estas nuevas reglas.

Proceso de implementación

El IRP entró en vigencia el 1 de agosto de 2012 y ese primer año alcanzó a las personas físicas con ingresos superiores a 120 salarios mínimos (hoy equivale a G. 244.934.760). El rango no incidido del impuesto se reduce anualmente 12 salarios mínimos y en este ejercicio 2018 abarca a las personas físicas con ingreso superior a 48 salarios mínimos (G. 97.973.904). El impuesto fue reglamentado por Decreto Nº 9371/12, vigente hasta el 28 de diciembre de 2016, cuando el Ejecutivo lo modificó por Decreto Nº 6560/16, entre otros, limitando inversiones. Los gremios empresariales y de profesionales sostienen que el decreto viola la Ley 2421/04, de Adecuación Fiscal y los principios constitucionales vigentes.