De los aproximadamente 740 funcionarios que dejó el último presidente colorado que tuvo el ente (Alejandro Takahasi), el número se disparó con el actual gobierno, en especial en la era Escobar, ya que se está superando los 1.000 empleados. A ello se agrega que existe un millonario pasivo que no se está abonando, superior a los US$ 280 millones, además de la abrupta reducción en las ventas del principal combustible que distribuye el ente, que es el gasoíl.
Ayer accedimos a una nueva resolución de la petrolera mediante la cual admitió a 36 nuevos contratados. La misma data del 5 de enero último, con efecto retroactivo del 1 de enero de este año. Estos se suman a los 148 empleados que fueron admitidos, según las resoluciones Nº 68 y Nº 69 del 31 de enero pasado, en un solo día, tanto para la planta alcoholera que Petropar posee en Troche (Guairá) como en las oficinas centrales de Asunción y en la ex refinería de Villa Elisa. Así, en solo tres resoluciones contrataron 184 operarios, muchos de los cuales son recomendados políticos, sindicales y producto de vínculos afectivos del propio titular de la petrolera.
Escobar reconoció ayer que los contratados no pasaron por ningún concurso de méritos y aptitudes, y admitió los cupos políticos. Añadió en su defensa que estamos “mal informando a la ciudadanía”. Luego se contradijo al señalar que contratan mucha gente ahora “por la zafra”, cuando en realidad no estamos en tiempo de cosecha.
Función Pública investigará
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) envió ayer una nota a Petropar en la cual informa que iniciará, de oficio, una investigación del caso, atendiendo que lo denunciado viola la Ley Nº 1626/2000.
En tal sentido, el órgano exige a la estatal que remita el proceso de incorporación de personas en la entidad y, en el caso de las nuevas incorporaciones, el mecanismo de selección utilizado.
Añade la nota que la solicitud de informes se realiza en virtud de lo establecido en el Art. 102 de la ley de referencia, que establece que dicha secretaría fiscalizará la implementación y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.
En tal sentido, agrega, que para la incorporación de personas a cargos vacantes, que no sean de confianza, corresponde realizar un concurso público de oposición, conforme el Art. 15 de la citada ley, o en caso de contrataciones temporales, hacer un concurso de méritos, en concordancia con el Art. 27 del mismo cuerpo normativo y la Res. Nº 150/12 de la SFP.