Javier Duarte se presentó ayer ante la unidad fiscal atendiendo que fue citado por la agente, pero se abstuvo de prestar declaración. Acto seguido, la fiscala Otazú ordenó su detención y fue derivado a la unidad de delitos económicos. Hoy debe presentarse para declarar en el Juzgado de turno.

Javier Duarte fue imputado por producción de documentos no auténticos y estafa en el caso de perjuicio económico a la Congregación de las Hermanas Vicentinas por cerca de G. 2.000 millones.

Según la denuncia formulada por Celia Cabral González y Eugenia Olmedo Díaz, en representación de la congregación, entregaron sumas de dinero a Javier Duarte en concepto de depósitos de ahorro en la referida cooperativa desde el 2005. Según los registros de las religiosas, las mismas contaban con un total de nueve cuentas a nombre de la asociación y de sus encargadas Celia Cabral y María Elisa Ortiz, cuyos saldos totalizaban a la fecha G. 1.036.914.723. También mencionaron la existencia de otras 23 cuentas a nombre de parientes y funcionarios, gestionados personalmente por Javier Duarte, con saldos de G. 962.791.178.

Por su parte, los dirigentes de la Cooperativa Manduvirá aseguraron en su momento que solo Celia Cabral González es socia de la entidad, no así la Congregación, razón por la cual no podían realizar esas operaciones financieras.

El inconveniente con los fondos saltó ante necesidad de retirar G. 50 millones de una de esas cuentas. Visto que Duarte no cumplió el plazo ni atendía las llamadas, las hermanas se acercaron hasta la oficina de la cooperativa en Arroyos y Esteros, donde se enteraron de que las cuentas no existían y que los documentos que les entregó Duarte eran de contenido falso.

El daño patrimonial también afecta a otros socios de la cooperativa, así como a terceros, por lo que se estima que el perjuicio rondaría los G. 5.000 millones.