Hace apenas tres años, las autoridades gremiales de entonces decidieron dejar de cobrar la cuota social de Villalba porque realmente no es panadero y, aparentemente, por estar en el CPPF de manera irregular.

Ante esa situación, Villalba envió una nota el 21 de junio de 2011 a la Junta Electoral, en la que manifestaba su malestar porque le solicitaron sus dos últimas declaraciones de IVA, hecho que consideró “una persecución”.

En la nota se dirigió a la “Asociación de Panaderías y Fideerías” (el nombre correcto es Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerías) y solicitó que le cobren la cuota social para ser parte activa del gremio. También adjuntó la patente comercial que acababa de solicitar a la Comuna de San Lorenzo.

La misiva fue analizada en reunión de la Junta Electoral del CPPF el 23 de junio del mismo año y concluyeron lo siguiente: “Esa nota y la documentación que presenta ofende la razón y la inteligencia y le recuerdo lea el artículo 18 de nuestros estatutos” (ver facsimilar).

El artículo de referencia señala que el que dejase de explotar el rubro, cesa automáticamente de ser socio, y que todo aporte que haya entregado queda para el gremio. Pero si vuelve a retomar la actividad, fehacientemente comprobado, recupera su antigüedad en el Centro.

Según la respuesta de la Junta Electoral, Villalba no demostró fehacientemente su reincorporación al rubro, sino que más bien dejó en evidencia que acababa de sacar la patente.

En ese documento Villalba dejó constancia de su dirección comercial: Rojas Silva Nº 21 e/ Nanawa de San Lorenzo. Hoy en esa misma dirección funciona la “Panadería Don Alcides”, de Alcides Vidal González Medina, según las facturas que este entrega a quienes compran sus productos.

Por eso en el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue presentada una denuncia sobre pérdida de investidura en contra del titular del gremio panadero. La institución aún no se ha pronunciado y se espera su resolución para regularizar la situación del CPPF.

Es que la mayoría de los miembros de la comisión directiva, elegidos en asamblea general, fueron apartados de sus cargos (ver cuadro). Por ejemplo, el vicepresidente segundo, Jorge Jara, y el tesorero, Tomás Acosta, fueron separados vía telegrama colacionado.

La secretaria de Relaciones, Graciela de Acosta, fue separada por sumario administrativo, y el asesor Carlos Fontclara así como el colaborador Ing. Carlos Acosta fueron sacados y avisados por vía telefónica.

Por diferentes motivos, de los 18 miembros que fueron electos tras la asamblea del 28 de julio de 2013, ahora participan en las sesiones menos de la mitad.

Nos comunicamos ayer con Villalba para tener su versión, pero no respondió a nuestras llamadas. No obstante, en anteriores conversaciones mantenidas con este diario, negó rotundamente las acusaciones en su contra, diciendo que se trata de una persecución. Asegura que sí se dedica al rubro panadero.