De este modo, descartó que la entrega de dichos certificados puedan generar confusiones o propiciar un ambiente de violencia en el campo, como sostienen los gremios de la producción.

Explicó que en cada certificado de adjudicación que se da al campesino, figura el nombre del beneficiario y el número de la resolución respectiva. En dicha resolución, están detallados el lote adjudicado, dimensión, lugar específico.

El titular del ente agrario señaló que, anteriormente, se firmaban resoluciones por cada adjudicatario, pero ahora el instituto cambió de metodología, de manera a masificar la formalización de la tenencia de las parcelas rurales. Añadió que hoy se tienen más de 1.500.000 hectáreas sin titular y que se tiene la meta de entregar 10.000 títulos al año, por lo cual es necesario utilizar este tipo de “métodos legales y masivos”.

Dijo también que la institución entrega copias de la resolución a las autoridades de las diferentes comisiones vecinales, mientras que los certificados los dan a los propietarios adjudicados, debido a que estos piden contar con algún documento que indique que son los dueños del terreno. “El certificado posee mucho valor jurídico”, señaló Cárdenas.

Finalmente, dijo que optaron por dicho procedimiento por una cuestión de ahorro de tiempo y dinero, ya que cada resolución consta de 70 páginas y si son 750 adjudicaciones, como en el caso de la colonia Santa Lucía de Itakyry (Alto Paraná), representaría realizar unas 52.500 copias.