“El objetivo enunciado por la administración Regis Mereles para dicha metodología era supuestamente sistematizar y transparentar las actividades involucradas; sin embargo, estaba lejos de ello porque el instructivo no era claro, quedando la situación al arbitrio del funcionario actuante”, señaló.

Enfatizó que la importación, comercialización y empleo de agroquímicos se rigen por un conjunto de normativas establecidas a nivel nacional según normas y acuerdos internacionales –FAO– y regionales –Cosave–, pero Mereles pretendía agregar una calcomanía con código de barras, que, considerando el gran volumen, era impracticable.

“Lo que gremios y cámaras de la producción cuestionan son las excepciones y procedimientos alternativos creados por Mereles para validar el incumplimiento de varias normas regulatorias”, expresó Cristaldo. Por otra parte, el presidente de la UGP rechazó la acusación que había hecho Mereles, en el sentido de que supuestamente los gremios se oponían al control.

También dijo que Mereles buscó convertir al Senave en un ente eminentemente recaudador, y no tanto en velar y controlar verdaderamente por la calidad de los productos. Se estima que en 2015 se importaron agroquímicos y fertilizante por más de US$ 800 millones.