Urgen a la fiscalía imputación de las autoridades de la EBY

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El abogado Walter Fidel Cardozo y la denunciante, Marta Coronel Rojas, presentaron un primer urgimiento a la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, María Victoria Acuña, en la que le piden que proceda a imputar a cada uno de los responsables de las violaciones al Tratado de Yacyretá.

La denuncia se basa fundamentalmente en la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992, relativa a la tarifa y financiamiento de Yacyretá que, a pesar de ser rechazada por la Cámara de Senadores en 1995, el exdirector paraguayo Juan Alberto Schmalko informó al Congreso Nacional que para la EBY tiene vigencia.

Agrega Cardozo que basados en la aplicación irregular del rechazado instrumento diplomático, establecieron la tarifa del costo del servicio de electricidad por debajo del costo de producción, así como por la no facturación de potencia, que representa el 60% de los ingresos que debería tener Yacyretá, razón por la cual el perjuicio patrimonial, tanto para el Paraguay como para la Argentina, “es de tal magnitud que difícilmente entre en una calculadora”.

“De acuerdo al Tratado, debe facturarse potencia, y según el estudio de factibilidad del proyecto Yacyretá este ítem representaría el 60% de los ingresos que debería tener la entidad binacional y, como si fuera poco, esta tarifa ilegal no incluye el pasivo del proyecto, algo totalmente ilegal e irracional”, agregó.

Cuestiona a Recalde

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Asimismo, cuestionó la designación como director paraguayo de la EBY de Angel M. Recalde, teniendo en cuenta sus antecedentes.

“Se trata de una persona que ya ocupó dicho cargo durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kischner, y durante su administración no se denunció la vigencia ilegal de la Nota Reversal del año 1992, sino, muy por el contrario, se pretendió convalidar su vigencia ilegal por medio del preacuerdo sobre Yacyretá, presentada al Congreso por Duarte Frutos y retirada el mensaje al no tener apoyo parlamentario”, precisó.

El abogado concluyó que la administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tanto la actual como las anteriores, “está basada en la arbitrariedad y en el manejo discrecional de una de las Altas Partes, como si fuera la entidad su propiedad en exclusividad. Pero lo más grave es que, vía decretos, fueron ratificadas inconstitucionalmente todas las violaciones del Tratado de Yacyretá por los sucesivos gobiernos hasta la actualidad”, insistió Cardozo, quien pide celeridad a la fiscala.