Está visto, desde hace décadas, que los consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) se preocupan menos de los derechos de los asegurados que de sus propios intereses, incluyendo los de sus familiares. No cabe esperar mucho del desempeño del presidente de la entidad, así como tampoco del de los representantes de los ministerios de Trabajo y de Salud Pública. Al fin y al cabo, son unos simples burócratas enchufados al Presupuesto de la institución, gracias a sus vínculos político-partidarios. De hecho, estos han demostrado que no están allí para precautelar el buen uso de un inexistente aporte estatal, pese a que la Carta Orgánica dispone que equivaldrá al 1,5% del monto de los salarios sobre los cuales cotizan los empleadores. Se limitan a medrar con un sueldo envidiable, que ronda los 32 millones de guaraníes, sin que el jefe del Poder Ejecutivo les exija que rindan cuentas de su gestión. En tal sentido, hubiera resultado muy saludable que el presidente Mario Abdo Benítez tuviera mano firme con quienes representan al Poder del Estado que encabeza, para limpiar el podrido IPS, inclusive apartando a su hermano Benigno López de la titularidad del Ministerio de Hacienda, dado que aparenta muy comprometido en las corruptelas denunciadas en IPS, ente del que fue presidente entre 2014 y 2018. Tampoco el Congreso hace mucho en el caso y no ejerce su facultad de pedir informes, de interpelar o de crear comisiones de investigación acerca de las actuaciones del Consejo de Administración, por lo que resulta que los consejeros se sienten muy cómodos en sus respectivas poltronas.
Lo mismo vale para quienes representan en ese órgano colegiado a los empleadores, a los trabajadores y a los jubilados. Cuesta entender que su conducta sea tan deplorable como la de sus colegas del sector público, pues se supone que fueron nombrados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por las entidades de las que provienen, para que los aportantes sean bien atendidos. Sin embargo, derrochan o malversan su dinero, como si hubieran recibido una carta blanca para disponer del mismo a su antojo, sin dar explicaciones a nadie. Es llamativo que no las demanden ni siquiera las autoridades de sus respectivas organizaciones, dando así la impresión de que están satisfechas con lo que hacen o dejan de hacer. Quien calla otorga, de modo que los negligentes o corruptos que los representan pueden creerse respaldados.
Así puede sentirse, por ejemplo, el “trabajador” Juan Torales, el consejero desde hace once años que sigue investigado por el Ministerio Público con respecto a ciertas licitaciones públicas fraguadas en 2011 y 2012 y que en los últimos cuatro años cobró viáticos por más de 100 millones de guaraníes para viajar al exterior. Por amor a su familia, instaló en el IPS a una hija, a un hijo y a una sobrina, con sueldos muy superiores al salario mínimo que gana la mayoría de los trabajadores asegurados, tan mal asistidos en hospitales sucios y mal equipados. Las centrales sindicales no se han manifestado con relación al último affaire en el que estuvo involucrado, aunque la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos haya pedido a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) la remoción del “burócrata con una paga mensual que lo ha vuelto ciego, sordo y mudo ante los escandalosos despojos de los fondos del IPS a través de las maniobras corruptas”, según expresó.
Está claro que no es el único miembro del Consejo con tales “discapacidades”, pues también las sufre su colega Roberto Brítez, el jubilado que tiene dos hijos –un médico y un asistente administrativo– a sueldo de los aportantes. Las asociaciones de jubilados y pensionados no se inquietan por estas minucias. Conste que la Carta Orgánica prohíbe nombrar como funcionarios superiores del Instituto a personas ligadas con el presidente o con los otros miembros del Consejo por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Por su parte, el representante de los empleadores, Miguel Ángel Doldán, resistió la tentación del nepotismo, pero se mostró muy tibio en cuanto a la licitación pública amañada en favor de dos firmas del exdiputado José Chamorro, aunque se le pague también para detectar corruptelas. Los gremios empresariales que salieron en su defensa ya no se pronunciaron cuando se frustró el inminente negociado debido a la intervención del Jefe de Estado.
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Vale la pena subrayar la negligencia o complicidad habituales de los consejeros del sector privado y el silencio de las entidades que los proponen en tal carácter. Si la Carta Orgánica del IPS dispone que integren su máxima autoridad es porque supone que pondrán su mayor empeño en velar por los derechos de sus representados. Estos son los verdaderos dueños del Instituto al que sostienen con su dinero, pero sufren toda clase de necesidades, como la falta de camas, de insumos o de medicamentos, por acción u omisión de quienes deberían estar a su servicio.
Resulta ocioso ocuparse del síndico de la Contraloría General de la República –hasta hace poco Nelson Caballero, reemplazado por Carlos Fuchs–, que debe asistir a las sesiones del Consejo y solicitar todos los reportes internos que crea pertinentes. Al fin y al cabo, es otro burócrata que está más interesado en cobrar su sueldo sin hacer preguntas que en impedir que se robe o malgaste el dinero de los aportantes. En síntesis, todos –consejeros y síndicos– se han olvidado de custodiarlo con el celo que corresponde.
Es hora de que los empleadores, los trabajadores y los jubilados reclamen a sus autoridades gremiales que sigan de cerca la gestión de “sus” respectivos consejeros. Su “vista gorda” ya les ha costado demasiado dinero a los trabajadores del país.