Infame trama político-judicial en el caso de Ulises Quintana

Es sabido que los miembros del Honorable Congreso Nacional no tratan de dar lustre al órgano que integran. Más bien, se esfuerzan por desacreditarlo cada vez más con un comportamiento impropio de su investidura. Allí, por regla general, no se pierde ni se gana reputación y la impresión que se pueda causar a la ciudadanía carece de toda importancia. Es lo que se evidenció de nuevo cuando la Cámara Baja aceptó la reincorporación del diputado Ulises Quintana (ANR), incluso antes de estar firme y ejecutoriado el infame auto interlocutorio por el que la jueza Magdalena Narváez dispuso su libertad ambulatoria en la causa que se le sigue por los delitos de tráfico de drogas (complicidad) y de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La agente fiscal Lorena Ledesma ya recurrió la arbitraria medida, pero los diputados no quisieron esperar el desenlace de la apelación. Esto implica que les tiene sin cuidado lo que finalmente se resuelva en sede judicial, o posiblemente ya están seguros de que los factores extrajurídicos que incidieron en la resolución de la jueza Narváez también se impondrán en la Cámara de Apelaciones. Esto, porque la Justicia continúa siendo el brazo ejecutor de las malas artes y las ambiciones de los políticos en el poder.

No otra cosa puede significar que los diputados –con algunas excepciones– se hayan apresurado a dar la bienvenida al procesado por graves hechos punibles, como si lo hubieran extrañado mucho durante los últimos diez meses que estuvo de permiso. Se le había autorizado a abandonar el escaño por tiempo indefinido, pese a que el art. 199 de la Constitución prevé esa posibilidad solo para el caso de que los legisladores acepten cargos de ministro o de diplomático, pudiendo volver a la Cámara respectiva al término de esas funciones. Como el permiso no está contemplado para que vayan a la cárcel por orden judicial, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, debió admitir ahora que sus colegas se habían equivocado al concederlo. Pero eso, ¿a quién le importa entre los políticos y legisladores averiados de nuestro país que, lamentablemente, son una mayoría? Cabe preguntarse qué pasaría si la apelación planteada por la agente fiscal fuera admitida en segunda instancia. ¿Se volvería a dar un permiso al diputado altoparanaense para que pueda volver a la prisión militar de Viñas Cue? Si se negara a pedirlo, ¿le otorgarían un permiso manu militari, valga la contradicción?

No resulta ocioso conjeturar qué ocurriría en tal coyuntura, pues la agente fiscal tiene sólidos argumentos para pedir que sea revocado un auto interlocutorio contrario a la ley, que solo responde a criterios políticos y a mensajes tan claros como el emitido vía Twitter por el senador Enrique Bacchetta (ANR), nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que configuró una flagrante intromisión, desde su alto cargo, en un asunto judicial en marcha. Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien parece ser el que hoy “corta la torta” en el Poder Ejecutivo, se apresuró a festejar la libertad del diputado. Sentenció de inmediato que “es correcta la interpretación de la jueza”, aunque ella admite que pudo haberse equivocado y conocidos abogados critican la ligereza con que actuó. La trama político-judicial no puede ser más clara.

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Así es que no resulta nada raro que el vicepresidente Velázquez, nombrado en 2002 fiscal general adjunto del Alto Paraná, gracias al respaldo del entonces fiscal general Óscar Latorre, hoy defensor del diputado Quintana, disienta del Ministerio Público ni que apoye con fervor la cuestionada “interpretación” efectuada por la jueza, noventa días antes de que concluya la investigación y sin que se haya superado el plazo mínimo de la pena que podría sufrir el legislador. El segundo de a bordo del Poder Ejecutivo cree que no habría peligro de fuga ni de obstrucción de la pesquisa, pero además ignora que la ley prohíbe liberar a quienes estarían vinculados con el narcotráfico, según el exagente fiscal Arnaldo Giuzzio, hoy ministro de la Senad: “Me parece poco usual. No recuerdo otro caso similar”, dijo este. En efecto, la Ley N° 4431/11, que modifica el art. 245 del CPP, dispone que no se podrá modificar la prisión preventiva “cuando el sindicado esté imputado en otras causas cuya expectativa de pena sea superior a cinco años de privación de libertad”. La que corresponde al narcotráfico es de diez a veinticinco años, según el art. 21 de la Ley N° 1340/88.

No sorprende la opinión del vicepresidente de la República, cuyos lazos con los que mandaban o aún mandan en Ciudad del Este son bastante fuertes. Mientras él interviene como una topadora en esta cuestión con fuerte tufo político, el presidente Mario Abdo Benítez se limitó a decir, con toda prudencia, que ella “está en manos de la Justicia”, agregando que el Poder Ejecutivo “no tiene atribución en los procesos judiciales”. Pero está visto que Hugo Velázquez opina distinto y no oculta en absoluto su lealtad con el legislador y su abogado. Más aún, se permitió afirmar que, estando en libertad ambulatoria, el diputado Quintana bien podía ocupar su banca, interviniendo así también en el ámbito del Poder Legislativo. Se nota que está muy interesado en la impunidad de quien, a su juicio, era el mejor candidato a intendente de Ciudad del Este que la ANR podía haber presentado. Su forzada ausencia habría causado la derrota colorada.

Una vez más, nuestro país está atrapado en una trampa montada por quienes manejan la Justicia a su gusto y paladar. Se tiene la impresión de que el presidente Abdo Benítez va cediendo terreno frente a un grupo liderado por el vicepresidente Velázquez. Si esto es así, los grandes perdedores serán una vez más la República y, por supuesto, el actual Primer Mandatario.

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