Crimen en el Chaco desnuda ineptitud de entidades públicas

El viernes pasado, un tal Cesareo Antonio Duarte obtuvo en la sede central del Senacsa unas guías para trasladar 90 vacunos “suyos”, que iban a ser hurtados recién esa noche de una estancia chaqueña tras un cuádruple asesinato, cometido el martes 9 de julio. Los bovinos remarcados con el sello habilitado a nombre del peticionante fueron recogidos en tres camiones transganado, uno de los cuales se dirigió hacia Bolivia, en tanto que los otros ¡recorrieron 585 km, pasando por tres puestos de control del Senacsa, hasta entregar la carga en un frigorífico de Belén (Concepción)! El falso dueño, ahora prófugo, ya había sido detenido por abigeato en abril del 2018. El presunto cerebro de la operación, un veterinario con orden de captura por abigeato en 2018, fue detenido en Filadelfia frente a la casa que alquilaba de una funcionaria judicial. Este horrendo episodio desnuda que al menos dos instituciones, la Policía Nacional y Senacsa, no ofrecen garantías suficientes para proteger la vida y los bienes de los habitantes.

El viernes pasado, un tal Cesareo Antonio Duarte obtuvo en la sede central del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) unas guías para trasladar 90 vacunos “suyos”, que iban a ser hurtados recién esa noche de una estancia chaqueña tras un cuádruple asesinato, cometido el martes 9 de julio. Los bovinos remarcados con el sello habilitado a nombre del peticionante fueron recogidos en tres camiones transganado, uno de los cuales se dirigió hacia Bolivia, en tanto que los otros ¡recorrieron 585 kilómetros, pasando por tres puestos de control del Senacsa, hasta entregar la carga en un frigorífico de Belén (Concepción)! Su falso dueño –arrendatario de una estancia cercana al lugar de los crímenes– ya había sido detenido por abigeato en abril de 2018, hace poco más de un año, pero seguía cometiendo tranquilamente el mismo delito, según se desprende del informe de las autoridades. Una foto publicada por nuestro diario en aquella oportunidad lo muestra esposado, pero evidentemente no estuvo mucho tiempo detenido, o porque fue beneficiado con una medida alternativa de la prisión o porque todo fue un malentendido. Pudo así continuar desarrollando una actividad muy rentable para los delincuentes y muy dañina para los ganaderos. Ahora está prófugo, a diferencia del presunto cerebro del robo que llevó a una atrocidad, el veterinario Juan Casimiro Galeano, sobre quien pesaba una orden de captura por un abigeato perpetrado en Paso Barreto (Concepción) en octubre de 2018, y quien habría tenido también participación en el nuevo espantoso caso, aprehendido el miércoles en Filadelfia, frente a la casa que alquilaba de una funcionaria judicial desde hace un buen tiempo.

Dos días antes, en esa misma ciudad, el intendente Holger Bergen y sus colegas Elmer Vogt (Mariscal Estigarribia) y Walter Stoeckl (Loma Plata) se habían reunido con el comandante de la Policía Nacional, comisario general Walter Vázquez. Lo felicitaron por su pronta intervención y por los resultados hasta entonces obtenidos, es decir, la detención del capataz de la estancia y de dos hermanos implicados en el espeluznante caso. Pero también le exigieron, con toda razón, que la institución a su cargo cumpla con su deber constitucional de “ocuparse de la prevención de los delitos”. Ella no solo debe investigarlos para que los autores, cómplices y encubridores sean sancionados, sino también tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas y de sus bienes. En tal sentido, los intendentes señalaron el escandaloso hecho de que abigeos prófugos “vivan normalmente en la sociedad, inclusive con conocimiento de algunos efectivos policiales”. Lo dijeron así cuando el supuesto jefe del operativo criminal aún no había sido hallado, tras nueve meses de haberse librado la orden de captura. No estaba viviendo precisamente en una megalópolis. Una de dos: en la Comisaría Policial de Filadelfia o hacían la vista gorda a cambio de dinero o no habían sido informados por la Comandancia de que estaba siendo buscado.

Si el veterinario sospechoso hubiera sido detenido con antelación, probablemente hoy estarían con vida el estanciero Alcibiades Ayala, su esposa Francisca Núñez y sus nietos Milagros y Franco Sánchez.

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Es evidente, para decirlo una vez más, que mientras abunden los delincuentes uniformados, no habrá seguridad en ningún sitio. No la habrá en las haciendas si, además, los controles del Senacsa continúan siendo tan laxos. Su presidente, José Carlos Camperchioli, afirmó que Cesareo Antonio Duarte logró las guías de traslado porque “no tuvo nunca ni un bloqueo ni un pedido de documentos”, es decir, allí no se sabía que hace poco más de un año se involucró en un caso de abigeato. O sea que el cruce de informaciones entre las entidades públicas no funcionó, como en tantos otros casos. El abigeo “tuvo tiempo de pintar (las reses) marca por marca”, según el jefe de Senacsa. “No es la primera vez. Ese ganado recorrió de polo a polo”, comentó por su parte el expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Alberto Soljancic. En su sensata opinión, no se le está dando la debida importancia a la seguridad. Este horrendo episodio desnuda que al menos dos instituciones, la Policía Nacional y Senacsa, no ofrecen garantías suficientes para proteger la vida y los bienes de los habitantes.

Al ganadero Soljancic también le preocupa que la ciudadanía ya acepte la carencia de seguridad como algo normal, lo que recuerda las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tras la reciente ocupación de una localidad por parte de una banda criminal: hechos como ese ocurrirían en todo el mundo. A este paso, no debe descartarse que, más bien, la gente se harte de la zozobra permanente y reclame un régimen autoritario para combatir la delincuencia con “mano dura”.

Dicho lo cual, es pertinente apuntar que al menos en 2007 existía toda una Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato y el Rollotráfico (Conalcar), presidida por el ministro del Interior e integrada por sus colegas de Agricultura y Ganadería y Hacienda, así como por los jefes del Senacsa y de la Policía Nacional, el fiscal general del Estado y el presidente de la ARP. Parece que la Conalcar ya no está trabajando, como tantos otros grupos que se crean por la inoperancia reinante. En suma, entonces, es preciso que el aparato estatal funcione mucho mejor porque, de lo contrario, seguiremos presenciando crímenes horrorosos, la pérdida de bienes de la gente que trabaja y una gradual pérdida de confianza en las autoridades.

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