Preparan absurdo e inconstitucional proyecto de ley de alquileres

So pretexto de reglamentar el art. 100 de la Constitución, que se refiere al derecho a la vivienda, los senadores del Frente Guasu están elaborando un proyecto de ley que restringe gravemente los derechos derivados de la propiedad privada. Vaya por delante que cuando esa norma programática dice que “todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna”, lo que está diciendo, como se desprende de su segunda parte, es que el Estado debe crear las condiciones para efectivizarlo, promoviendo planes de viviendas de interés social, sobre todo para las familias de bajos ingresos, mediante un financiamiento adecuado. La norma apunta a facilitar el acceso a la propiedad privada de la vivienda y no precisamente a crear unas condiciones para darlas en alquiler que impliquen una masiva intervención en la libertad de contratación. Es lo que ahora se pretende mediante una ley que terminaría perjudicando incluso a los beneficiarios supuestos, es decir, a los inquilinos. Si los senadores del Frente Guasu llegan a presentar el proyecto, debe ser rechazado in totum.

So pretexto de reglamentar el art. 100 de la Constitución, que se refiere al derecho a la vivienda, los senadores del Frente Guasu están elaborando un proyecto de ley que restringe gravemente los derechos derivados de la propiedad privada. Vaya por delante que cuando esa norma programática dice que “todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna”, lo que está diciendo, como se desprende de su segunda parte, es que el Estado debe crear las condiciones para efectivizarlo, promoviendo planes de viviendas de interés social, sobre todo para las familias de bajos ingresos, mediante un financiamiento adecuado. La norma apunta a facilitar el acceso a la propiedad privada de la vivienda y no precisamente a crear unas condiciones para darlas en alquiler que impliquen una masiva intervención estatal en la libertad de contratación. Es lo que ahora se pretende mediante una ley que terminaría perjudicando incluso a los beneficiarios supuestos, es decir, a los inquilinos.

El punto de partida de la rigurosa reglamentación en vista es que el derecho a la vivienda es más importante que el “lucro”. Lo que busca el anteproyecto es facilitar en gran medida el derecho a tomar en alquiler un inmueble urbano, pero limitando la potestad del dueño de negociar las cláusulas contractuales. Si el lucro fuera condenable, habría que prohibir lisa y llanamente que el propietario cobre un alquiler, que lucre con su negocio, algo que parece intolerable para quienes están concibiendo el atrabiliario documento. Con la misma curiosa lógica, se podría afirmar que el derecho a comer es más importante que el lucro y, en consecuencia, impedir que el verdulero gane dinero vendiendo hortalizas.

En un caso así puede pensarse que solo el Estado se dedicaría a construir casas para alquilar sin ganar nada. El negocio inmobiliario de los particulares se iría al mazo, con lo que el sector de la construcción, uno de los más dinámicos en cuanto a la generación de empleos, se retraería a su mínima expresión. Y que solo el Estado pueda construir viviendas implicaría violar el art. 107 de la Carta Magna, según el cual “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia”. Hasta ahora, erigir edificios para arrendar departamentos es una actividad económica lícita, aunque los senadores del Frente Guasu se indignen porque así se persigue el pecaminoso lucro.

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La misma norma citada garantiza la competencia en el mercado y se puede tener por cierto que los precios de los alquileres ofertados deben ajustarse a la demanda. En la inexorable ley del libre mercado, si son excesivos, las viviendas y los departamentos quedarán deshabitados y los propietarios perderán dinero, pues los interesados recurrirán a ofertas alternativas. Así funciona el sistema económico que mucho molesta a los estatistas de tomo y lomo.

Una situación como la que se quiere implantar en nuestro medio conducirá, tarde o temprano, a la carestía del producto así regulado. Si los eventuales locadores deben ajustar sus pretensiones al límite fijado por algún organismo estatal, sencillamente las inversiones en el sector disminuirán, con el consiguiente perjuicio económico para nuestro país. Irá a contramano del esfuerzo gubernamental para atraer capitales, y al escasear viviendas y departamentos, los precios de los alquileres subirán por las nubes, con lo que el remedio que pretenden los legisladores del Frente Guasu resultará peor que la enfermedad. Cabe esperar, además, que el consabido populismo haría que el techo establecido sea bajísimo, con lo cual desaparecería el incentivo para la construcción.

En el documento en estudio se dice que el monto del alquiler de la vivienda será determinado teniendo como referencia el marco regulatorio que, cabe agregar, será de lo más estrecho. También se dice que el plazo mínimo de las locaciones será de dos años y que el reajuste de su precio no deberá superar la variación del índice de precios al consumidor (IPC), publicado por el Banco Central. ¿Se prohibiría un contrato anual para que el arrendador no aumente notablemente el monto del alquiler a la hora de renovarlo? En tal caso, aunque la tasa oficial de inflación superara en un año el 10%, el monto permanecería congelado, de modo que el propietario, atendiendo las previsiones en la materia, fijaría un precio lo suficientemente elevado para absorber el aumento del costo de vida. O sea que el arrendatario terminaría perdiendo. Se debe considerar que el mercado inmobiliario es influido no solo por el IPC, sino también por la calidad ambiental generada, entre otras cosas, por las nuevas infraestructuras que van surgiendo.

Lo que se advierte, en suma, es que se quiere abolir la ley de la oferta y la demanda en el sector inmobiliario atacando las bases mismas de la propiedad privada, que no consiste solo en tener un título, sino en poder disponer libremente de una vivienda. La especulación es una maniobra muy riesgosa que puede provocar grandes pérdidas a quienes se lanzan a ella, cuando no existe un monopolio. El referido art. 107 de la Ley Suprema veda su creación, así como “el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”. Si se especula en el sector inmobiliario, puede ocurrir lo mismo en otros campos de la economía, pero sería absurdo reproducir también allí lo que está en ciernes en el tema del arrendamiento, cuyo registro estaría a cargo de las municipalidades, por lo general ineptas y corruptas. También habría una Cartera Pública de Alquileres, seguramente gestionada, como si faltara, por una obesa burocracia.

El intervencionismo del borrador comentado llega al colmo cuando prohíbe al locador negar que un apartamento esté disponible cuando en verdad lo está, como si fuera posible, de acuerdo a la Constitución, obligarle a alquilarlo aunque no quiera hacerlo. Hay otras restricciones también absurdas. Si los senadores del Frente Guasu llegan a presentarlo, debe ser rechazado in totum.

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