La violenta manifestación protagonizada por los taxistas nucleados en la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), presidida por el cuestionado dirigente gremial Aristides Morales, desembocó en la aprehensión del mismo, junto con otros siete de sus colegas, bajo el cargo de instigar a la violación de la ley que garantiza a los ciudadanos la libre circulación por calles y espacios públicos. Los mismos se habían comprometido ante la Policía a no bloquear por completo ninguna calle, y acudieron a la Municipalidad de Asunción para entrevistarse con sus autoridades y expresarles la frontal oposición del gremio al proyecto de habilitación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros Uber y Muv para que operen en nuestro país.
Pese a sus promesas, los manifestantes procedieron a bloquear totalmente la avenida Mariscal López con una “sentata” frente al edificio municipal, impidiendo el desplazamiento de vehículos y de personas, sin dejar pasar ni a ambulancias con sirenas de emergencia activada. En vano la Policía intentó disuadirlos y, por el contrario, los conductores movilizados reaccionaron con violencia, arrojando piedras y otros objetos contundentes contra la humanidad de las fuerzas del orden, que se vieron forzadas a responder disuasivamente con chorros de agua y balines de goma, a fin de dispersarlos. Resultaron heridos unos cinco policías, uno de ellos de gravedad en el ojo. Entretanto Morales los instigaba a la “resistencia”, arguyendo que los taxistas “ya no tienen nada que perder” con el proyecto de reglamentación a ser planteado por los concejales para habilitar a Uber y Muv, y amenazando con persistir en el cierre de la avenida de manera indefinida.
Simultáneamente, taxistas de Luque, junto con algunos de Asunción, bloquearon media calzada de las avenidas de salida de la ciudad a la altura del puente sobre el Itay y a lo largo de la avenida que conduce al aeropuerto, ocasionando demoras de más de una hora a los automovilistas que circulaban por esas arterias, con colas que alcanzaron unos tres kilómetros. Es decir, ejecutaron una medida inconstitucional, perfectamente planeada.
Más allá de las penurias causadas a los automovilistas y transeúntes que acertaron a pasar por tales sitios en esta ocasión, lo que ha quedado claro en esta oportunidad –así como en las anteriores demostraciones de patoterismo y prepotencia de los taxistas de Asunción y de otras ciudades en protesta por la incursión de Uber y Muv como competencia–, es la actitud intimidatoria de la que se valen para oponerse a una competencia enteramente legal y libre. Prepotencia aupada por un padrinazgo político corrupto brindado por ciertas autoridades nacionales, departamentales y, sobre todo, municipales, a cambio del masivo transporte de sus adherentes a los locales de votación en días de elecciones nacionales, municipales o internas partidarias. El epicentro de este vasallaje político del engreído gremio de taxistas del Paraguay es la APTA, cuyo sempiterno padrino es el citado Morales, de criticado desempeño cuando fungía como director de tránsito del intendente Arnaldo Samaniego. El cargo, obviamente, le sirvió para convertirse en el zar de los espacios públicos de calles y avenidas de la capital, graciosamente mutilados para la habilitación de paradas de taxis, en las que una persona con automóvil que quisiera trabajar en ellas no puede hacerlo por el millonario canon que debe pagar a la APTA, no a la Municipalidad. Esto no ocurre actualmente con las nuevas plataformas, a las que se puede ingresar sin pago alguno, toda vez que el interesado cumpla con las obligaciones legales para conducir y tenga su vehículo en las condiciones técnicas exigidas.
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Lo que sucede es que Uber y Muv van a operar sin ningún patrocinio político y pagando los impuestos que gravan este tipo de servicio público, en tanto que la mayoría de los taxistas, en particular los de la APTA, no tributan al fisco y menos aún a las arcas municipales, donde se ubican sus padrinos políticos y alcahuetes burocráticos.
Así las cosas, resulta obvio que Uber y Muv, al ofrecer una tarifa más barata y una mejor calidad de servicio, van a restar cada vez más clientes a los desprolijos taxistas. Otro beneficio que ha traído al público el desembarque de las plataformas en el país es que ha permitido el destape de la olla podrida de la mafia que administra a los gremios de los taxistas. Recién ahora la ciudadanía se da cuenta de la calaña de quienes los manejan y la razón de sus abusos, tanto en el precio del servicio como en su calidad. Este súbito despertar ciudadano ha alarmado al “enjambre amarillo” que seguirá pataleando contra sus competidoras hasta donde pueda, aunque, como ha sucedido en otros países del mundo, más temprano que tarde tendrá que avenirse a convivir con la competencia, en igualdad de condiciones ante la ley.
El apoyo de la ciudadanía en las redes sociales a las plataformas Uber y Muv es un rechazo a la prepotencia, al patoterismo y a los monopolios que perjudican a la mayoría y benefician a unos pocos sinvergüenzas y aprovechados.