La Unión Industrial Paraguaya (UIP) es una componente clave de la sociedad civil y tiene una larga trayectoria en el entramado de la economía nacional como fuerte impulsora del desarrollo. Es más, su dirigencia se ha cuidado de no contaminar al gremio con ingredientes políticos sectarios. Lamentablemente, esta credencial fue ensombrecida en los últimos días con el insólito apoyo de la dirigencia del gremio a la timorata claudicación del Gobierno ante la extorsiva presión comercial de Brasil en Itaipú, tanto que el lesivo acuerdo tuvo que ser anulado. Los empresarios de la UIP no vieron o no quisieron ver que no respondía al interés nacional.
Aunque tras la barrida que hizo el Presidente de la República de los principales funcionarios que, a primera vista, aparecieron como responsables de la abdicación de nuestro legítimo derecho de igualdad de beneficios en la usina hidroeléctrica binacional, su titular, Gustavo Volpe, minimizó la pifiada, aduciendo que “quizás se apresuró” en dejar sentada una postura favorable al Gobierno en torno a la ya famosa “Acta Binacional”, mantenida en secreto hasta que la denuncia del expresidente de la ANDE Ing. Pedro Ferreira la dejó al descubierto. Estimó que el Gobierno dio marcha atrás porque el país estaba hirviendo. “No le justifico, porque finalmente me dejaron también fuera de juego”, admitió al darse cuenta de que quedó en “off side”.
Respecto de los cuestionamientos en las redes sociales y la movilización del gremio Sitrande, acusando a la UIP de haber acompañado al Gobierno en la claudicación de soberanía en Itaipú, Volpe se lavó las manos diciendo que “de ninguna manera existe tal situación y que me demuestren dónde hubo entrega de soberanía y todos los hechos falsos con los que se nos vincula”.
No debe extrañar, sin embargo, la precipitada actitud de apoyo de la UIP al lesivo acuerdo concertado entre gallos y medianoche por funcionarios infieles, a espaldas del Pueblo. Existe una grieta de credibilidad en lo sostenido por su presidente al afirmar que solo busca que el sector industrial utilice la energía eléctrica como palanca para el desarrollo de la economía. ¿Por qué apoyó, entonces, un acuerdo que, justamente, restringe el suministro de la parcela de electricidad que por derecho pertenece a nuestro país y que constituye un insumo estratégico para el desarrollo industrial?
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Con relación a la protesta ciudadana contra la UIP, el titular de esta entidad, entre otros motivos, tal vez tenga en mente un relacionamiento que tiene con Itaipú. Basta recordar que, a poco de asumir el cargo, el ahora defenestrado director general paraguayo de la entidad binacional, José Alberto Alderete, se apresuró a suscribir dos llamativos acuerdos para poner en manos privadas (gremiales) la administración de recursos públicos provenientes de los gastos sociales de la parte paraguaya de Itaipú. Nos referimos a los convenios concertados con la UIP, por un lado, y con la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), por el otro. El acto tuvo lugar en el Palacio de López y contó con la presencia del presidente Abdo Benítez, del titular de la UIP y del presidente del Consejo Superior de la UPA, Eduardo Felippo, extitular de la UIP.
Según el primero de los acuerdos, Itaipú y la UIP desarrollarían acciones conjuntas, supuestamente para la formación y consolidación de microempresarios, a quienes la binacional proporcionaría todos los medios necesarios –incluyendo el respaldo financiero– para salir adelante en sus emprendimientos comerciales. En cuanto a lo convenido con la UPA, el mismo tendría la finalidad de formar una élite de jóvenes profesionales capaces de contribuir con sus conocimientos académicos en las negociaciones con el Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado.
A primera vista, y a estar por lo aseverado por sus impulsores, el convenio de cooperación con la UIP es plausible desde el punto de vista económico y social, siempre que sea llevado a cabo con honestidad y transparencia, un lugar poco común en la administración paraguaya de esa entidad binacional, más aún con la menguada fama que su extitular Alderete adquirió con la manipulación del primer proyecto de Aña Cua, cuando fungía como ministro de Obras Públicas del expresidente Nicanor Duarte Frutos.
En mala hora, pues, la UIP salió a respaldar, a través de su presidente, Gustavo Volpe, un acuerdo que estaba siendo cuestionado por gran parte de una ciudadanía cuya paciencia ya fue rebasada por las anteriores entregas de nuestra soberanía y de nuestros derechos en los dos emprendimientos hidroeléctricos que tenemos con nuestros vecinos.
La misma actitud que la UIP adoptó la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), muchos de cuyos socios han conseguido pingües ganancias en las obras de las represas binacionales. Por nada del mundo querrían poner en peligro la gallina de los huevos de oro.
Los acontecimientos que se suceden demuestran que se necesitan empresarios honestos, comprometidos con la suerte del país. Es de desear que sus dirigentes, además de atender sus intereses privados, no apoyen componendas que atentan contra los intereses del Paraguay.