Los ladrones públicos están de parabienes

El presidente Mario Abdo Benítez, titular del Poder Ejecutivo, no tuvo el valor de promulgar o de vetar un proyecto de ley que atentaba contra el derecho de los ciudadanos a conocer el patrimonio de quienes están a su servicio. Dejó transcurrir el plazo de veinte días hábiles para que el documento entre en vigor en forma automática, en vez de sentar una clara posición a favor o en contra de la transparencia. En otros términos, se hizo el desentendido, quizás por no querer malquistarse con los legisladores en un momento en que su cargo estaba en juego. Así impidió que quienes pagan los sueldos y las dietas de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular, accedan a las declaraciones juradas de bienes y rentas que ellos deben presentar al ocupar un cargo y al abandonarlo. De hecho, con su deliberada omisión, el Jefe de Estado satisfizo a quienes tienen muchas ganas de enriquecerse ilícitamente y buenos motivos para ocultar sus caudales. Defraudó, en cambio, a quienes creen que la publicidad es un arma poderosa contra la corrupción rampante. No es ningún secreto que ella también afecta al Congreso, bajo las modalidades de tráfico de influencias o de compraventa de votos.

Resulta entendible, pues, que una amplia mayoría de la Cámara Baja haya confirmado los cambios que hizo al proyecto de ley aprobado por los senadores y que se resumen en reiterar la norma de la Ley N° 5033/13, según la cual el declarante debe facultar a la Contraloría General de la República, “a través de los órganos jurisdiccionales”, a dar a conocer los datos por él entregados, y en que este órgano solo pueda publicarlos en su sitio web “una vez obtenida la autorización judicial respectiva”. La versión original fue totalmente desvirtuada, so pretexto de que la transparencia pondría en serio riesgo a los declarantes, dada la inseguridad existente. Así de simple y así de perverso.

Viene a cuento recordar aquí lo dicho por la convencional Cristina Muñoz en la Comisión Redactora de la Constitución, con respecto al deber de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas: “¿Ustedes creen que el Parlamento Nacional va a hacer una ley que les afecte a ellos? Hasta este momento no lo han hecho. Por tanto, no lo van a hacer. Es por eso que yo insisto en que tenga rango constitucional”. Y hoy lo tiene, pero los congresistas, mediante el engendro automáticamente promulgado, se han ocupado de limitar en gran medida la eficacia del art. 104 de la Carta Magna, con el tácito consentimiento del Poder Ejecutivo. Lo hicieron porque la transparencia les afectaba a ellos.

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Desde el Palacio de López se anuncia ahora que una “mesa de trabajo”, integrada por representantes del Congreso y de la Contraloría, entre otros, redactará un proyecto de ley “consensuado”, que será presentado dentro del plazo de seis meses. Habrá que ver si el órgano contralor tendrá una clara opinión sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas, ya que no emitió ninguna en el dictamen que acercó a la Presidencia de la República el última día en que el deplorable proyecto de ley podía ser vetado. Apeló a la trivialidad de que los países que las publican priorizan la transparencia y los que no el derecho a la intimidad, dejando la decisión a cargo del Poder Legislativo. O sea que el contralor general, Camilo Benítez Aldana, se lavó las manos, tal como lo viene haciendo en el caso planteado por su antecesor Enrique García al impugnar ante la Corte Suprema de Justicia dos fallos que concedieron un pedido de amparo judicial para que un periodista obtenga copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ocuparon los más altos cargos entre 2008 y 2017. Entre ellos figuran las ministras Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña, que no han tenido el decoro de inhibirse para entender en una cuestión en la que tienen un interés personal. Es de presumir que, así como los parlamentarios no están dispuestos a sancionar una ley que les afecte, quienes juzgan en causa propia tampoco resolverían en contra suya. Si a ello se suma que el entonces presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, había remitido al Senado una insólita nota, en nombre del cuerpo que ya integraban las citadas ministras, objetando la publicidad prevista en el proyecto de ley en estudio, cabe suponer que García se saldrá con la suya, tiempo después de haber renunciado ante la inminencia de su remoción vía juicio político.

Pero no solo él, sino también todos aquellos que tienen algo que ocultar en cuanto a los bienes y las rentas que hayan obtenido en el ejercicio de una función pública. Se resisten a que la población conozca lo que declararon, porque alguien podría denunciar que omitieron consignar ciertas cosas, o sea, que su verdadero estado patrimonial no condice con los sueldos o las dietas percibidos. Ocurre que la gente podría colaborar con el Ministerio Público a la hora de investigar algún presunto enriquecimiento ilícito, un hecho punible ligado al de falsa declaración jurada, por el cual está imputado, entre otros, el senador Javier Zacarías Irún (ANR).

Con la timorata y pusilánime actitud del presidente Abdo Benítez, ganaron los bandidos empotrados en el aparato estatal y perdieron los contribuyentes que los remuneran con el dinero ganado en buena ley. Los corruptos de todo rango están de parabienes y lo de “caiga quien caiga” ya suena ridículo. Pero los ciudadanos y las ciudadanas no deben flaquear en la lucha contra los delincuentes de guante blanco que saquean al país. Ya que las autoridades y las leyes no los protegen, solo quedan los escraches, para hacer saber a los ladrones que no son bienvenidos y que su presencia en los lugares públicos es indeseable.

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