Se viene otro carnaval con el dinero de los contribuyentes

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto de Presupuesto para 2020 asciende, por ahora, a 14.300 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7,5% de la cifra presupuestada para este año y un déficit que equivaldría al 1,5% del PIB, es decir, al límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Son datos preliminares, y hasta allí, todo más o menos aceptable. Pero el monto señalado no incluye el aumento salarial para los docentes, que costará unos 130 millones de dólares, ni los pedidos adicionales de diversas entidades, pendientes de estudio, que suman 2.463 millones de dólares y que también responden, sobre todo, a demandas salariales. Como el fisco solo contaría con 150 millones de dólares para cubrir esos mayores gastos, tendrían que eliminarse las erogaciones superfluas del proyecto de ley. Esas erogaciones fueron precisamente el tema de la “Cumbre de Poderes”, realizada a instancias del empresariado para controlar el gasto público, pero la triste experiencia enseña que tales encuentros al más alto nivel no sirven para mucho.

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto del Presupuesto nacional para 2020 asciende, por ahora, a 14.300 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7,5% de la cifra presupuestada para este año y un déficit que equivaldría al 1,5% del producto interno bruto, es decir, al límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Son datos preliminares, y hasta allí, todo más o menos aceptable. Pero el monto señalado no incluye el aumento salarial para los docentes, que costará unos 130 millones de dólares, ni los pedidos adicionales de diversas entidades, pendientes de estudio, que suman 2.463 millones de dólares y que también responden, sobre todo, a demandas salariales. Como el fisco solo contaría con 150 millones de dólares para cubrir esos mayores gastos, tendrían que eliminarse las erogaciones superfluas del proyecto de ley a ser presentado a más tardar el 1 de setiembre.

Esas erogaciones fueron precisamente el tema de la “Cumbre de Poderes” del 22 de julio, realizada a instancias del empresariado para que se controle el gasto público. En efecto, la ciudadanía no solo debe soportar la corrupción pura y dura, sino también el malgasto que priva de recursos a la sanidad, la educación y la seguridad, entre otros servicios indispensables. Como era previsible, los asistentes se comprometieron a poner fin al derroche, lo que resultaría plausible. Empero, la triste experiencia enseña que tales encuentros en el más alto nivel estatal no sirven para mucho, como se está evidenciando ahora en la elaboración del proyecto presupuestario. Por algo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que el Paraguay tiene un malgasto anual de 1.600 millones de dólares, equivalente al 4% del producto interno bruto, superior al promedio latinoamericano del 2,5%.

Se observa así que no se invierte lo bastante para vencer el atraso, porque se roba y se dilapida. Valga el dato de que el chofer y los guardaespaldas del exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser, hoy decano de la Facultad de Derecho (UNA) y miembro del Consejo de la Magistratura, cuestan al fisco 307 millones de guaraníes anuales. Desde luego, se podrían citar múltiples casos mucho más graves, en los que ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso han intervenido para abortar el escandaloso dispendio de fondos públicos. Algunos de ellos los refirió implícitamente la Feprinco al proponer, entre otras cosas, eliminar numerosas canillas por las que se derrama el dinero público. Entre ellas figuran las asignaciones para el Parlasur, para actividades gastronómicas, para viajes al exterior en primera clase de quienes no lideran los Poderes del Estado, para los contratados, para la jubilación privilegiada de legisladores, para las gratificaciones, para las bonificaciones por título académico, para el premio por “presentismo” y para los aguinaldos adicionales de los funcionarios.

PUBLICIDAD

La “Cumbre” no llegó tan lejos. El Poder Ejecutivo apenas redireccionó 52 millones de dólares de su Presupuesto para cubrir gastos urgentes en vez de financiar el nombramiento y la contratación de nuevo personal, la prestación de servicios de “catering” y la compra de bienes de consumo, entre otras cosas. Además, prometió que el proyecto de Presupuesto será similar al vigente y que los ministros no pedirán fondos adicionales al Congreso, es decir, que no puentearán al de Hacienda, como es habitual. Días después del anuncio presidencial, se supo que los pedidos adicionales a lo hasta entonces incluido en el proyecto de Presupuesto, en materia de salarios y otros beneficios, ya excedían los 2.375 millones de dólares, muy superiores a los 600 millones de ahorro a corto plazo, acordado en la “Cumbre”. Aunque el hasta hoy ministro Benigno López emplee rigurosamente la tijera, ¿rechazarán los legisladores unos aumentos para sus parientes, amigos y correligionarios o incluso la creación de nuevos cargos? Ningún acuerdo puede obligar a quienes no se caracterizan por su sensatez, sino por su generosidad con el dinero ajeno, a la hora de sancionar el presupuesto.

El presidente del Congreso, Blas Llano (PLRA), pudo haber prometido el oro y el moro, pero su capacidad de decisión tiene un ámbito muy limitado. Por de pronto, anunció que allí se impuso una jornada “laboral” de ocho horas para los funcionarios, sin que resulte claro cuánto se ahorraría con tal disposición. El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, habló de un recorte de 13.000 millones de guaraníes en gastos superfluos, lo que no está mal, pero está lejos de ser suficiente.

El Ministerio de Hacienda acercará a las más altas instancias un “borrador del acuerdo”. Habrá que ver su eficacia frente al clientelismo y a su correlato el prebendarismo, tan arraigados en nuestra cultura político-administrativa. Es alarmante que el 93% del Presupuesto actual corresponda a gastos corrientes y que, de entre ellos, los salarios consuman el 71% de los ingresos tributarios. El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, habló de “avanzar” en la reestructuración de los servicios personales y de revisar la Ley de la Función Pública. La “matriz salarial” no redujo los “gastos personales” y toda reforma legal será inútil si se la ignora mediante la ley del Presupuesto.

PUBLICIDAD

No habrá “Cumbre” que valga si los ministros, altos funcionarios y legisladores priorizan a su clientela frente a las necesidades del país. El drama de fondo es la desprotección de los contribuyentes y el abandono de los servicios públicos esenciales, por culpa de quienes manejan el dinero de todos como si fueran sus dueños. Lo que falta es la tan mentada “voluntad política”.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD