Tras la parafernalia desplegada en el interior de la ANR para impedir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez por el escándalo que ambos protagonizaron impulsando la firma de la posteriormente anulada Acta Bilateral, sigilosamente firmada el pasado 24 de mayo en Brasilia por el entonces embajador paraguayo Hugo Saguier Caballero, la duda de la ciudadanía se centra, no ya en lo ocurrido, sino más bien en la actitud que asumirán el Presidente de la República y los legisladores colorados con vistas a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú y la concomitante modificación del mismo para ajustarlo a la absoluta igualdad de derechos y obligaciones que tienen ambas Altas Partes Contratantes en la joint venture binacional, pero que por medio siglo le fue cercenado al Paraguay por nuestro socio en el emprendimiento.
El camino que tiene el Gobierno paraguayo hacia esa meta no cruza necesariamente un campo minado, pero no por eso deja de representar un desafío existencial para nuestro país. Más que lo que haga Brasil, lo que va a importar para que alcancemos un acuerdo justo con nuestro socio es la estrategia diplomática de negociación que adopte nuestro Gobierno y la firmeza con que la sostenga, desde ahora hasta el 2023. Habida cuenta de que por casi medio siglo Brasil viene explotando comercialmente Itaipú como si fuera un enclave económico colonial bajo su exclusiva soberanía, el Gobierno paraguayo sería ingenuo si cree que de buenas a primeras nuestro socio se va a mostrar espontáneamente dispuesto a nivelar el terreno para ajustarlo a la igualdad de derechos consagrada en el Tratado.
El presidente Abdo Benítez debe aprender la lección de no dejarse atraer por cantos de sirenas de la margen izquierda del río Paraná, ni caer en la bonhomía de creer en la lisonja de su homólogo brasileño, el presidente Jair Bolsonaro. Debe dejar de lado veleidades personales y administrar realidades en el contexto de las relaciones bilaterales con el Brasil y la Argentina, en particular en lo concerniente a la administración conjunta de las usinas hidroeléctricas binacionales. Después de todo, los Estados no juegan dados de amistad, sino de intereses.
La pifiada cometida por el Presidente de la República al caer en la trampa diplomática tendida por Itamaraty mediante una típica estrategia de aproximación indirecta con el objetivo de forzar a su Gobierno a firmar un acuerdo que, aunque aparentemente relacionado con la rutinaria contratación periódica de potencia por parte de Eletrobras y ANDE –sin incidentes desde hacía 12 años–, tenía en realidad como objetivo estratégico la apropiación anticipada del control de la energía hidráulica almacenada en el embalse de la represa que acciona las turbinas generadoras de la electricidad y cuya mitad pertenece al Paraguay. La administración de esas aguas del lago de Itaipú será clave a partir del 2023, cuando nuestro país rescate su parcela de igualdad soberana establecida en el Tratado e hipotecada por medio siglo.
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Para el efecto, taimadamente Itamaraty instrumentó a Eletrobras para chantajear en forma indirecta a Paraguay, haciendo que esta amenazara con interrumpir sus pagos a Itaipú, a menos que el Gobierno paraguayo se aviniera a firmar un acuerdo según las condiciones impuestas por Brasil referente a una nueva modalidad de contratación de potencia, obviando el acuerdo concertado al respecto en el 2007 y limitando severamente el derecho de la ANDE a contratar hasta la mitad de la potencia disponible en la usina, de conformidad con el Tratado. Hasta ahí pareciera que las secuelas del acta no eran demasiado onerosas, pero la trampa estaba en el último punto de la leonina Acta Bilateral firmada pero, por suerte, luego anulada: la cláusula relativa al régimen de utilización de las aguas del embalse, clave para manipular la generación de la energía que las partes (Eletrobras y ANDE) contraten mensualmente, o anualmente a partir del 2023. En la usina binacional de Salto Grande, compartida por Argentina y Uruguay, la contratación de potencia se hace semanalmente bajo estricto control de las partes en cuanto a la utilización de las aguas del embalse.
El presidente Abdo Benítez ya ha hecho lo que debía, forzando la anulación de la fatídica Acta Bilateral. Pero, aunque este paso era necesario, no es suficiente. Ahora tiene que ponerse firme y hacer valer los derechos que Paraguay tiene conforme con el Tratado y negarse a dejar sin efecto el acuerdo concertado en enero de 2007 sobre la prioridad que tiene la ANDE para beneficiarse con una –aunque magra– porción de la energía “excedente”, más barata que la contratada, cuya mayor parte (80%) se lleva Eletrobras. Debe apelar al recurso semántico del que gusta valerse Itamaraty cuando le conviene: Pacta sunt servanda.
En cuanto a la administración conjunta de las aguas del embalse (regulación de su nivel), el presidente Abdo Benítez lo debe derivar como parte del acuerdo a ser concertado en ocasión de la revisión del Anexo C del Tratado y la consiguiente modificación del mismo. La encubierta intención de Itamaraty al respecto probablemente sea concertar anticipadamente el pertinente acuerdo para hacerlo vinculante con el que se alcance en ocasión de la revisión del Anexo C del Tratado.
Finalmente, para precaverse contra la conspiración de los vendepatrias todavía empotrados en su Gobierno, en Itaipú y en otras instancias institucionales y gremiales funcionales a los intereses foráneos en las usinas binacionales, el jefe de Estado debe poner especial cuidado en seleccionar como asesores y negociadores a ciudadanos de probada solvencia profesional, ética de responsabilidad y patriotismo. Quienes apoyaron documentos lesivos a los intereses del Paraguay, como Alcides Jiménez, Ángel Recalde, José Sánchez Tillería, Mónica Pérez, Jorge Ayala Kunzle y otros, nunca más deben tener cabida en el Gobierno de la República.