El comandante de la Policía Nacional (PN), comisario general Walter Vázquez, se quejó de que dicha institución no tiene suficientes recursos humanos y materiales para cumplir a cabalidad con sus cometidos constitucionales. Estaría tan necesitada de agentes que 500 alumnos tuvieron que egresar de los centros de formación antes de concluir sus estudios, estando prevista una promoción de 600 para fin de año. También le faltarían infraestructura y vehículos patrulleros, pues solo se obtuvieron 124 de los 1.000 solicitados. En suma, habría una seria carencia presupuestaria de la que deben tomar nota el Ministerio de Hacienda y el Congreso, sin que ello implique necesariamente –ni mucho menos– que habrá más seguridad cuanto más dinero público se destine a las fuerzas del orden. El Presupuesto de la PN –superior al de las Fuerzas Armadas– asciende a unos 2,3 billones de guaraníes (388 millones de dólares), lo que equivale a alrededor del 3% del nacional.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo en julio de este año que el fortalecimiento de ese órgano requería una inversión de al menos 60 millones de dólares y que se necesitan unos 60.000 agentes policiales, pero solo hay 24.000. Conste que para dicho objeto ya estaba ejecutando un crédito de 20 millones de dólares, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero como era insuficiente para superar la “crisis de credibilidad” de la PN, ya había anunciado antes que se podría pedir un préstamo complementario para que allí haya “mayor integridad”, es decir, menos corrupción.
A primera vista, cuesta entender cómo se podría lograr, endeudando al país, que los delincuentes uniformados que existan se conviertan en abanderados de la ley y de la moral. ¿Se impartirían cursillos en los que se enseñe que está mal pedir sobornos, vender protección o compartir datos con el crimen organizado? ¿Se reforzaría notablemente la Dirección General de Asuntos Internos de la PN para que fisgonee a los colegas con mucho mayor celo? ¿O acaso se trataría de convencer a la gente, mediante una tenaz campaña publicitaria, de que todos los agentes del orden son confiables? El propio ministro admitió más de una vez que la institución está “inficionada por la corrupción”, de lo que se desprende que, para que disminuya la inseguridad, no basta en absoluto con disponer de más agentes policiales ni de más vehículos patrulleros.
Servirá de poco invertir más dinero público mientras los bandidos estén bien instalados en la PN. Es de suponer que también lo sabe su propio comandante, que hasta ahora no se ha atrevido a poner el dedo en la llaga de la corrupción. Antes de reclamar un aumento presupuestario, debería demostrar que está limpiando la casa, para que la ciudadanía no crea que acceder a su demanda solo conllevaría aumentar el plantel de sinvergüenzas y dotarles de mayores comodidades. Debería ocuparse, por cierto, del aparato burocrático, tanto en lo que hace a su tamaño como a su administración financiera en materia de combustibles, por ejemplo. ¿No hay un solo agente policial que podría estar en las calles en vez de papar moscas en las oficinas? En junio último, 234 uniformados hacían de guardaespaldas de 84 parlamentarios, a un costo que este año llegará a 2.176.800.000 guaraníes, debido a las gratificaciones especiales que reciben quienes tendrían que proteger los derechos y la seguridad del común de las personas. Es vergonzoso, por cierto, que entre quienes cuentan con guardias figuren legisladores investigados por darles un zarpazo a las arcas públicas. El diputado Tomás Rivas (ANR), por ejemplo, imputado por hacer figurar a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja, tiene tres policías como guardaespaldas. Así también están protegidos por agentes pagados por los contribuyentes otros legisladores con similar fama de bandidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La cifra del total de agentes policiales brindada por el ministro Villamayor equivale a uno por cada 300 habitantes, lo que se suele estimar una relación adecuada. En este asunto del personal, aparte de la corrupción desaforada, es menester considerar la distribución de los efectivos y el uso racional de los mismos. Según el comandante de la PN, muchas veces se envían unos 2.000 funcionarios para dar cobertura en los desalojos, descuidándose así otras zonas, en provecho de los delincuentes. Si estuvieran bien equipados y entrenados, sería innecesario tanto despliegue. Aquí sí sería sensata una mayor inversión, a la que podrían contribuir los recortes de gastos superfluos que, con toda certeza, abundan en la institución policial.
Tiene razón el comisario general al negar que pueda haber “seguridad al cien por ciento”, pero lo que está ocurriendo supera con creces el margen de inseguridad admisible en una sociedad que cuente con unas fuerzas del orden idóneas, diligentes y honestas. Nadie puede pretender que la PN garantice siempre la seguridad y los bienes de cada una de las personas físicas y jurídicas, pero es inaceptable que se encuentre integrada por agentes que estén al servicio del crimen organizado y que cuiden las espaldas de facinerosos a sueldo del Estado.
El comandante dijo, en fin, que la PN iba “a tratar de bajar a lo más mínimo posible la inseguridad”. Ojalá que así sea y que, de no cumplir con lo prometido, no recurra a la excusa de la insuficiencia de recursos humanos y materiales, pues el problema de fondo es la corrupción “transversal” –Villamayor dixit– que afecta a la institución. O sea que, para que se reduzca en gran medida la zozobra reinante, es imprescindible depurarla de una vez por todas, con la ley en la mano.
Es plausible, en fin, que ni el ministro ni el comisario general Vázquez hayan aludido al sueldo de los uniformados, cuyo monto suele invocarse para explicar el bandidaje. En realidad, hay quienes aspiran a ser agentes de policía solo para poder delinquir con impunidad, sin que el sueldo les importe en lo más mínimo. La solución a la “crisis de credibilidad” mentada no pasa tanto por el Presupuesto, como por la decencia y por el estricto control interno.